Tragamonedas en CDMX operan sin regulación ni supervisión oficial

Las máquinas tragamonedas proliferan en la Ciudad de México sin regulación ni supervisión. Autoridades se deslindan de responsabilidades y nadie controla su operación.

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Tragamonedas en CDMX operan sin regulación ni supervisión oficial Foto Canva

Las máquinas tragamonedas instaladas en establecimientos mercantiles de la Ciudad de México funcionan sin ningún tipo de regulación o autorización. Aunque son cada vez más comunes en tienditas, puestos callejeros y pequeños negocios, no existe una autoridad que supervise su operación ni un marco legal que las controle.

De acuerdo con el artículo 9 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, “no serán objeto de autorización las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades”, lo que deja un vacío legal en torno a su funcionamiento y uso en el país.

Qué son y cómo funcionan las tragamonedas “callejeras”

El reglamento define a una máquina tragamonedas como todo dispositivo que, mediante monedas, billetes o medios electrónicos, permite al usuario obtener una ganancia económica —en efectivo o en especie— por medio del azar.

Estas máquinas han proliferado en la capital y, según un reportaje publicado por Excélsior, muchas personas las utilizan como una fuente de ingreso extra.

El funcionamiento es simple: el usuario introduce entre 5 y 10 pesos y debe lograr que cinco pelotas caigan en orificios con símbolos específicos. Si completa la combinación, puede ganar desde 20 hasta 300 pesos en una sola jugada.

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Tragamonedas en CDMX operan sin regulación ni supervisión oficial Foto Canva

Un negocio que crece sin control

El senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, advirtió que en el Valle de México hay alrededor de 75 mil máquinas tragamonedas activas, todas operando sin regulación. Además, señaló que la mayoría son ensambladas en México con piezas provenientes de China, lo que complica aún más su rastreo y control.

Pese a su proliferación, ninguna autoridad parece tener claro quién es responsable de supervisarlas. Este diario intentó obtener información de la Oficina de Normalización y Certificación Electrónica (ONCE) —organismo regulador de dispositivos electrónicos— y de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). Ambas instituciones aseguraron desconocer el origen, distribución o regulación de estos aparatos.

Autoridades se deslindan

La falta de regulación también se refleja en la confusión institucional. Muchos dueños de establecimientos aseguran que las delegaciones les otorgan permisos de juegos y sorteos, pero las autoridades locales niegan esta responsabilidad.

Marcial Pérez Montiel, director jurídico de la delegación Cuauhtémoc, declaró que el tema corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que las tragamonedas son consideradas juegos de azar. En este caso, la Dirección General de Juegos y Sorteos debería ser la encargada de supervisarlas, aunque hasta ahora no ha ejercido ningún control efectivo.

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Tragamonedas en CDMX operan sin regulación ni supervisión oficial Foto Canva

Vacío legal y riesgo para los usuarios

La falta de regulación crea un escenario propicio para abusos, fraudes y operaciones ilegales. Sin supervisión oficial, no se garantiza que las máquinas funcionen correctamente, que los premios se entreguen de forma justa o que los ingresos sean reportados al fisco.

Además, al no existir un registro oficial, no se puede descartar la participación del crimen organizado en la fabricación, distribución o administración de estos aparatos.

Las máquinas tragamonedas en la Ciudad de México operan en completa ilegalidad, sin permisos, supervisión o control. Aunque representan una actividad aparentemente inofensiva para quienes las usan por diversión o como ingreso extra, en el fondo revelan un vacío legal preocupante y un descuido institucional que permite el crecimiento de un negocio millonario al margen de la ley.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de regular o fiscalizar estas máquinas, lo que deja a usuarios y comercios en una zona gris legal que podría tener consecuencias mayores en el futuro.