Diputado Fernando Zárate busca desmantelar edificio en San Ángel “ícono de la corrupción”
El diputado de la bancada de Morena en la CDMX señaló que el edificio representa un riesgo para los habitantes de la zona y es un símbolo de corrupción inmobiliaria en la capital.

El diputado local Fernando Zárate presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para establecer una mesa de trabajo interinstitucional y abordar la situación de un inmueble ubicado en Insurgentes 2021, colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.
El legislador señaló que el edificio, clausurado desde hace más de diez años, representa un “ícono de la corrupción” atribuido al gobierno de Miguel Ángel Mancera y al Cártel Inmobiliario del PAN.
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A través de un video difundido en sus redes sociales, Zárate destacó las irregularidades que llevaron a su clausura, como violaciones al uso de suelo, exceder la altura permitida y no respetar el programa parcial de desarrollo urbano de la zona.
“En Insurgentes 2021, un edificio que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera junto con el Cártel Inmobiliario del PAN querían construir y que hoy los vecinos ven como un ícono de la corrupción”
Un riesgo para la comunidad
A pesar de las múltiples denuncias y gestiones realizadas durante la última década, el inmueble no ha sido demolido y permanece inconcluso. La estructura de hierro, grúas abandonadas y materiales en descomposición representan un riesgo para los vecinos y la comunidad circundante.
“Los vecinos no vamos a descansar hasta que el Cártel Inmobiliario se haga responsable de retirar su esperpento de obra”, afirmó Zárate.
Exhorto a las autoridades
En su propuesta, Zárate pidió al Gobierno de la Ciudad de México y a la Alcaldía Álvaro Obregón explicar por qué el “Monumento a la Corrupción” sigue en pie y no ha sido retirado. Asimismo, hizo un llamado a proteger el derecho de los habitantes de las colonias San Ángel, Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Chimalistac, Guadalupe Inn y Tlacopac a vivir en un entorno seguro y digno.
El diputado enfatizó “tenemos que proteger el derecho de la ciudadanía a vivir con dignidad y con la certeza de que tanto su vivienda como nuestro patrimonio histórico está protegido de los abusos de los constructores corruptos”.
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