Exigen el Instituto de la Defensoría; iniciaron amparo

Desde abril de 2019, los defensores públicos de la Ciudad de México deberían formar parte del Instituto de la Defensoría Pública, que debió crearse por mandato constitucional. Luego se recorrió el plazo a diciembre del 2019 y, finalmente, a agosto de 2024, pero tampoco se cumplió con ello.

Por eso el 29 de agosto 164 de los 640 defensores públicos que tiene la capital del país interpusieron un recurso de amparo contra el Congreso local por omisión legislativa, mediante el cual señalan que ya no deberían pertenecer a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica e integrarse a un órgano autónomo, dijo a Excélsior el abogado Mario Rodríguez.

“Es importante crear un órgano autónomo como lo marca la Constitución local, pues ya prácticamente todo el país tiene defensorías autónomas, tal como se hizo con las fiscalías, que ya son autónomas, a excepción de la Ciudad de México y algunas otras entidades”, detalló el defensor público.

“(A los diputados) se les vino el tiempo encima e hicieron una reforma al artículo décimo octavo transitorio, y pasaron la fecha a diciembre del 2019, se les volvió a pasar la fecha y la dejaron para agosto del 2024, pero tampoco la cumplieron”.

Agregó que actualmente los abogados que otorgan asistencia profesional a las personas justiciables están limitados, pues trabajan en casos de materia penal, familiar, justicia para adolescentes, civil, mercantil y administrativa, pero en esta última sólo actúan en “los procedimientos que se les inician a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante los consejos de honor y justicia”.

Si se creara el Instituto para la Defensoría Pública, la Constitución local establece que los defensores ya podrían otorgar asesoría en cualquier caso administrativo; incluso otorgar asesoría en casos fiscales.

Rodríguez detalló que el artículo 51 de la Constitución local establece que “la persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público”.

“Ya no tendríamos un personaje como (José Juan Torres) Tlahuizo, director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica que llega de la nada y es impuesto por el gobierno central a través de la Consejería Jurídica (...) No estaríamos sujetos a que nos manden a realizar funciones que no nos corresponden, como acudir a espectáculos públicos o realizar funciones de seguridad pública”, dijo.

Antecedente

El defensor de oficio Mario Rodríguez contó que la ruta legal que siguen se inspiró en un juicio de amparo promovido por cuidadoras.

“Vimos que organizaciones de mujeres cuidadoras se ampararon por la omisión legislativa en materia de cuidados y los juzgados les dieron la razón y ahora hay fechas precisas que el Congreso debe cumplir para sacar esa ley, eso nos dio pie a ampararnos también contra la omisión legislativa (en materia de Instituto de Defensoría Pública)”.

Sobre la Ley del Sistema Público de Cuidados, el pasado 9 de julio el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa notificó al Congreso que resolvió un amparo en favor de cuidadoras, lo que obliga al Legislativo a dictaminar las iniciativas que en ese sentido han presentado Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y PVEM a más tardar en diciembre.

Rodríguez también recordó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso crear la Defensoría Inquilinaria para personas que rentan, “pero no es necesario crear otra institución cuando ya existen los defensores públicos; más bien habría que cumplir con crear el Instituto de la Defensoría Pública que marca la Constitución y darle atribuciones también en materia inquilinaria”.

Rezago legislativo

Ante el juicio de amparo en trámite, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local y líder de la bancada del PAN, Andrés Atayde, comentó: “Desde la Jucopo presentaremos a más tardar a principios de esta semana un plan de trabajo y uno de los ejes es sacar adelante todo el rezago de leyes constitucionales donde como Congreso estamos cerca del deadline o ya lo pasamos”.

Agregó que espera “que se pueda construir un acuerdo, de tal manera que todas las fuerzas políticas del Congreso participemos para ir eliminando, disminuyendo el rezago legislativo que hay”.

La coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios, consideró que el instituto no ha sido creado “por falta de voluntad de parte del grupo mayoritario de Morena (...) No quieren ninguna autoridad autónoma, todo lo que sea independiente o sea un contrapeso a ellos les incomoda”.

El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, respondió: “El instituto tiene como propósito dar un servicio a la ciudadanía y la diputada Jannete Guerrero, del PT, que es parte de nuestra coalición, ya subió una iniciativa (en ese sentido) durante esta legislatura.

“Entonces es cuestión de conseguir los consensos; no hay una negativa política por parte de nuestra bancada, lo que hay es simplemente arrastrar el lápiz y construir instituciones que funcionen, no solamente cumplir por cumplir los plazos de la Constitución”.