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Designan a Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX

Con 13 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México avaló a Godoy Ramos como la titular de la Fiscalía General de Justicia en la capital del país por cuatro años, partir del 10 de enero

Georgina Olson | 10-12-2019
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el cual se nombra a Ernestina Godoy como la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por cuatro años.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el cual se nombra a Ernestina Godoy como la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por 4 años.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 13 votos a favor el dictamen que propone a Ernestina Godoy, procuradora capitalina, como la aspirante idónea para ser fiscal general de justicia de la Ciudad de México; aún falta someter a votación el dictamen en la sesión del pleno de mañana.

El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, leyó el dictamen en el que se establece "del análisis integral realizado -a la trayectoria y las entrevistas de los aspirantes- es de concluirse que la C. Ernestina Godoy Ramos, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México".

El dictamen se aprobó después de que el viernes pasado los diputados de oposición se retiraron del salón donde se debatía el tema.

En esa ocasión Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, expresó: "me parece que esto está totalmente fuera del procedimiento que marca la Constitución local y las leyes, me parece que realizar el procedimiento al margen de la Constitución, es algo que no está a la altura de lo que mandatan las leyes".

Así lo dijo después de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, envió al Congreso la terna de aspirantes para que el congreso eligiera al mejor.

Los legisladores de oposición, como el propio Lerdo de Tejada, recordaron que el artículo 46 de la Constitución local establece que la jefa de Gobierno debía elegir, y no debía enviarlo al Congreso local para que éste tomara la decisión.

 

 

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