Retrato hablado: Constitución capitalina, constructora de un nuevo pacto social

CIUDAD DE MÉXICO.

Forjar una ciudad en la que se respete el derecho de cada persona a un medio ambiente limpio, con acceso al agua, a contar con medios de transporte eficaces y donde el salario digno sea una realidad que le permita a sus habitantes tener garantizada la alimentación, la vivienda y la salud es el ideal al que aspiran los encargados de redactar una propuesta de Constitución para la capital.

La apuesta es alta: garantizar estos derechos y “construir un nuevo pacto social para poner orden y acabar con la disputa entre inmobiliarias, vendedores ambulantes, vecinos, peatones y ciclistas que se pelean continuamente”, de acuerdo con Clara Jusidman, exsecretaria de Desarrollo Social local de 1997 al año 2000.

La especialista en derechos laborales considera que este acuerdo cívico debe sentar las bases de una convivencia pacífica en la que se respeten los derechos de todos.

En la misma sintonía está Carlos Cruz Santiago, fundador y presidente de Cauce Ciudadano, colectivo enfocado a los jóvenes, quien afirma que es imperativo crear un documento que proteja los derechos y garantías individuales.

Para Lol Kin Castañeda Badillo, activista de la igualdad de género, el objetivo es construir un modelo constitucional que garantice que poseer un distinto color de piel, profesar otra religión o ser de capacidades diferentes no se siga traduciendo en desventajas en una sociedad tan desigual.

Los tres forman parte del grupo de 28 ciudadanos que el pasado 5 de febrero fueron designados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para redactar el texto inicial de la Constitución de la Ciudad de México.

Esta propuesta servirá de punto de partida para que la Asamblea Constituyente que se elegirá en junio debata el contenido del documento.

Otros integrantes del grupo, como Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, coinciden en que la ruta hacia el pacto social debe empezar por garantizar derechos de grupos que han sido históricamente ignorados.

DESEQUILIBRIO DE GÉNERO

Las mujeres representan más de 50% de la población y aunque en la Ciudad de México se han reconocido sus derechos sexuales y reproductivos, aún no se les garantiza una vida libre de violencia.

De acuerdo con la última encuesta de Inegi sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, 72.1% de las capitalinas declararon haber sido víctimas de un hecho de violencia por parte de su pareja u otra persona.

Se trata de una cifra mayor al promedio nacional, que es de 63 por ciento. Para Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el combate a la violencia de género es un tema por el que vale la pena dar la batalla y que se debe inscribir en la Constitución.

Lol Kin Castañeda señala que otro asunto pendiente es garantizar que las mujeres ocupen al menos 50% de las secretarías, delegaciones y otros puestos.

Jusidman destaca que se debe reconocer el rol central que juegan las madres como dadoras de vida. “Redignificar el valor del trabajo reproductivo”, afirma.

Economista, reconoce que el sistema financiero actual da valor al individuo que produce bienes o servicios, pero no a las mujeres que aportan su tiempo y parte sustancial de su vida, en procrear y formar seres humanos, que son la esencia básica de la sociedad.

Una forma de retribuirlo, propone, sería otorgarles una pensión, lo que significaría poner al ser humano y su bienestar como el objetivo más alto de la sociedad.

MENORES PROTEGIDOS

Entre los compromisos de Carlos Cruz está que los niños, adolescentes y jóvenes disfruten y ejerzan su derecho a una educación laica y gratuita, a la salud y a un desarrollo adecuado.

Esto no es un tema menor si se toma en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las tasas de trabajo infantil e inasistencia escolar crecen con la edad: 1.4% de los menores de entre 5 y 9 años realizan actividades económicas. La cifra se eleva a 6.3% en niños de entre diez y 13 años y a 20.3% para los que tienen de 14 a 17.

Mónica González, integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece que hay una obligación de los Estados de escuchar la opinión de los menores sobre todos los asuntos que les afectan.

Destacó que aunque en México ya se realiza la Consulta Infantil y Juvenil, “ha recibido críticas porque no es un ejercicio de participación, no existe una obligación de la autoridad de respetar el resultado de la consulta; falta hacer esa vinculación”.

En cuanto a los adolescentes, Aidé García sostiene que debe garantizarse su derecho a recibir una educación sexual completa, que les permita evitar embarazos no deseados.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el país con el nivel más alto de embarazos a nivel mundial. Cada día se registran mil 252 partos en los que la madre tiene entre 12 y 19 años de edad.

INGRESO DIGNO

Un derecho medular que afecta la calidad de vida de todos los grupos sociales es el derecho a un salario digno.

Es una vergüenza que por 40 años este país haya permitido que el salario se cayera, esa caída le manda un mensaje a la población: ‘tu trabajo no es digno, no merece ser retribuido”, afirma Jusidman.

Agrega que los bajos ingresos provocan que más miembros de la familia tengan que entrar a trabajar, que los jóvenes abandonen los estudios, que se deteriore la vida familiar, que las necesidades de los más pequeños y los adultos mayores se descuiden.

Esas ausencias, derivadas de esta necesidad de cubrir las necesidades materiales, generan seres humanos muy lastimados que al final van a lastimar a la siguiente generación”, asegura.

RETRIBUCIÓN A LOS INDÍGENAS y MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

Una crítica que lanzó Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no se está tomando en cuenta a los pueblos originarios en la Constitución aunque en el grupo que esbozará el documento hay una mujer indígena de Guerrero, Martha Sánchez Néstor, quien “no conoce lo que pasa en la Ciudad de México”.

Jusidman puntualiza que en la capital radica la mayor comunidad de población indígena del país, pero ellos no se sienten representados.

Respetar el derecho a un medio ambiente limpio y con acceso al agua también tendría que quedar asentado en la Constitución, propone Cristina Sánchez Mejorada, doctora en sociología y académica de la UAM.

Al subir por avenida Toluca, Camino al Desierto de los Leones o te vas hacia los pueblos (ves) la cantidad de edificios que están construyendo en las barrancas. Esas zonas eran fundamentales para la captación de agua; con la presencia de edificaciones ya no están cumpliendo esa función”, denunció.

Los 28 integrantes del grupo de trabajo tienen poco más de cuatro meses para debatir estos y muchos otros derechos, así como para delinear todos los artículos de la Constitución relacionados con los cambios que habrá en la administración pública, las modalidades de participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas.

En junio entregarán el texto final a Mancera pero “será apenas una primera propuesta redactada a partir de todas estas visiones”, aclaró Lol Kin Castañeda.