AEP debe informar sobre parquímetros
Quintanar tiene 15 días para explicar a residentes de la colonia Nápoles sobre los recursos y su aplicación

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero.- El Juzgado Décimo Cuarto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal determinó que Dhyana Quintanar, titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP) tendrá que informar en 15 días a los vecinos de la colonia Nápoles sobre los recursos que generan los parquímetros y su aplicación en la delegación Benito Juárez.
Víctor Alejandro Garduño, integrante del Comité Nápoles, ganó el juicio de amparo 22/39/2014 por el cual la funcionaria tendrá que explicar a los colonos la información técnica de los parquímetros, estados financieros, permisos y validaciones de equipos que le habían solicitado desde 2014.
“A través de un juzgado federal pedimos que se nos informara (sobre esos temas) ante la opacidad que existe desde la Autoridad del Espacio Público. Dhyana Quintanar está obligada a respondernos, y de no ser así, el juez determinó que podría ser sancionada económicamente o con la pérdida de su puesto”, informó Garduño.
También solicitó que la Autoridad del Espacio Público y el gobierno capitalino revelen los nombres de los integrantes de los comités de transparencia en la delegación, tras la instalación de los medidores en noviembre del año pasado.
Garduño explicó que actualmente se desconocen a los integrantes de estos comités en los casos de las colonias Insurgentes Mixcoac, Nochebuena, Ciudad de los Deportes y Crédito Constructor, donde aplica ecoParq.
“Quiero que me explique Dhyana Quintanar a partir de cuándo se conformaron los comités de transparencia para la delegación Benito Juárez, quiénes lo están integrando y quiénes están firmando”, declaró.
Sancionaron a Jorge Romero
Víctor Alejandro Garduño también informó que ganó otro amparo, en octubre pasado, contra del jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero, para que entregue los resultados de las consultas vecinales por las que comenzó el programa de parquímetros.
Incluso, dijo, por no haberle respondido al juez en el plazo de 10 días que se le otorgó, se estableció una sanción contra el delegado equivalente a 100 días de salario mínimo.
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