Víctor Hugo Romo es acusado de corrupción y ejercicio abusivo de funciones

La alcaldía Miguel Hidalgo hizo una denuncia penal en contra de Víctor Hugo Romo, ex alcalde de esa demarcación entre 2018 y 2021, y su ex director jurídico por actos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, indica que los ex funcionarios permitieron la demolición, sin permisos, de una obra en el predio ubicado en Moliere 88.

Dicho inmueble se encuentra bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción del sismo de 2017.

A esto se añade que el entonces alcalde por Morena no hizo caso a la Comisión para la Reconstrucción, la cual indicó, en 2019, que la obra debía cumplir con la licencia especial, un programa de demolición del predio, la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros y el programa interno de protección civil.

Esos documentos no fueron exigidos por Romo y su director ejecutivo al desarrollador inmobiliario, ya que no existe ningún expediente en archivos de la alcaldía que den cuenta del cumplimiento de estos requisitos.

Lo anterior significa que los ex funcionarios permitieron que se realizaran trabajos de demolición sin licencia, cuando es una obligación contar con este requisito previo a que se intervenga el inmueble.

Además, el ex alcalde Romo tenía conocimiento de que el Acuerdo de Facilidades Administrativas, vigente en 2019, sólo le otorgaba exenciones fiscales al interesado, pero no lo exentaba de tener todas las licencias, permisos y autorizaciones que prevé el Reglamento de Construcciones.

La denuncia penal también reveló que, pese a que en 2020 se emitió una orden para visitar la obra, se dejó pasar el plazo legal para ejecutarse y caducó, lo que permitió que no se sancionara al desarrollador por la demolición ilegal.

Destaca que el actual gobierno en la alcaldía Miguel Hidalgo ya clausuró la obra edificada que incumplió la ley.

Con respecto a la denuncia, si los ex funcionarios son encontrados culpables por el ejercicio abusivo de funciones podrían ser acreedores, de acuerdo con el Código Penal local, de cinco a 20 años de prisión y esta pena podría aumentar en dos terceras partes si se acredita la comisión de actos de corrupción.

«pev»