Trabajadoras sexuales exigen apoyo

Un grupo de trabajadoras sexuales que operan sobre Calzada de Tlalpan se manifestó ayer frente al Congreso de la Ciudad de México por la caída en sus ingresos que atribuyen directamente a la construcción de la ciclovía. La protesta incluyó el cierre del cruce de Donceles y Allende, en el Centro Histórico, donde exigieron la intervención del gobierno capitalino para la creación de un programa social emergente o el otorgamiento de apoyos económicos que mitiguen la afectación.

Tras varias horas de bloqueo, una comisión fue recibida por la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, quien se comprometió a instalar una mesa de diálogo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) para analizar la factibilidad de incluir a este sector en esquemas como el seguro de desempleo. Sin embargo, el conflicto de fondo va más allá de una audiencia legislativa: la situación en Tlalpan ha escalado en los últimos meses debido al avance de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, proyecto estratégico vinculado a la preparación urbana para el Mundial de Fútbol 2026.

Crisis económica en Tlalpan

De acuerdo con datos de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, las trabajadoras reportan una caída de hasta 70% en sus ingresos desde que comenzaron los trabajos de confinamiento vial. El diseño de la ciclovía —con carriles delimitados y separación física— impide que los automovilistas se detengan momentáneamente en el carril derecho, práctica que históricamente facilitaba el contacto con clientes.

“El obstáculo no es solo simbólico, es físico”, explicaron representantes del colectivo durante la protesta. El confinamiento elimina el flujo vehicular que sostenía su actividad nocturna y reduce drásticamente la visibilidad. En términos prácticos, aseguran, la obra modificó el ecosistema económico informal que durante décadas operó en esa franja de la ciudad.

Además del impacto operativo, las manifestantes denuncian una intención de desplazamiento. Acusan que, bajo el argumento de modernización urbana rumbo al Mundial 2026, las autoridades buscan “limpiar la imagen” de la zona para visitantes internacionales, lo que en los hechos implicaría la reubicación forzada de quienes ejercen el trabajo sexual en ese corredor.

Pliego petitorio: demandas concretas

Frente al deterioro de sus ingresos, el colectivo presentó un pliego petitorio con tres ejes centrales:

1. Seguro de desempleo. Solicitan su inclusión formal en el programa administrado por la STyFE, lo que implicaría reconocer su actividad dentro de una categoría laboral susceptible de protección social.

2. Apoyo económico directo. Plantean un apoyo mensual de 21 mil pesos para compensar las pérdidas derivadas de la obra pública.

3. Acceso a programas sociales. Exigen incorporación a esquemas como vales de despensa (Mercomuna), programas de vivienda digna y apoyos específicos para adultas mayores dentro del gremio.

El núcleo de la discusión jurídica se centra en si el trabajo sexual puede encuadrarse en la figura de “Trabajo No Asalariado”, categoría que permitiría acceder a ciertos beneficios sin mediar una relación patrón–empleado. Esta definición será clave en la mesa técnica anunciada por la bancada de Morena.

Mesa interinstitucional y escepticismo

La reunión derivó en el compromiso de instalar una mesa interinstitucional con participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. El objetivo formal es analizar la viabilidad legal y presupuestal de atender las demandas.

No obstante, las trabajadoras expresaron escepticismo. Señalan que no es la primera vez que se anuncian mesas de diálogo sin resultados concretos. Por ello, advirtieron que, de no existir avances verificables, realizarán bloqueos totales en Calzada de Tlalpan durante los días del Mundial, lo que impactaría directamente el acceso al Estadio Azteca.

La advertencia introduce un componente político y operativo de alto impacto: cualquier interrupción en uno de los corredores principales hacia el estadio tendría repercusiones nacionales e internacionales en pleno evento global.

Avance de la ciclovía y prioridad gubernamental

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán” registra actualmente un avance del 90%. El proyecto contempla 34 kilómetros de infraestructura ciclista, desde el Zócalo hasta el sur de la ciudad, y es presentado por el gobierno capitalino como pieza clave de movilidad sustentable para 2026.

A pesar del rechazo expresado por este sector y por algunos comerciantes de la zona, la administración mantiene el proyecto como prioritario dentro del plan de modernización urbana. El discurso oficial enfatiza seguridad vial, reducción de emisiones y legado de infraestructura para la ciudad.

Sin embargo, el conflicto exhibe una tensión estructural: la colisión entre políticas de movilidad sustentable y economías informales que dependen del espacio público. En este caso, la reconfiguración física del territorio no solo altera el tránsito, sino que redefine —y en algunos casos precariza— dinámicas laborales que operaban al margen de la formalidad.

El debate, en el fondo, no es únicamente sobre una ciclovía, sino sobre el reconocimiento de derechos, la regulación del trabajo sexual y el costo social de los megaproyectos urbanos. Mientras la obra avanza hacia su conclusión, el conflicto permanece abierto y con potencial de escalar en el momento más visible para la ciudad: cuando el mundo tenga los ojos puestos en 2026.