Salud mental y adicciones en CDMX: internamientos serán sólo por voluntad propia
La iniciativa enviada al Congreso capitalino establece que la atención a adicciones y salud mental será voluntaria,comunitaria y coordinada por un nuevo instituto especializado. Conoce los puntos clave de la iniciativa
Todos los capitalinos y personas que transiten por la ciudad tendrán derecho a recibir atención en materia de salud mental y adicciones a sustancias psicoactivas, en un contexto de estricto respeto a los derechos humanos, donde la internación de pacientes con adicciones será estrictamente voluntaria, así lo propone la iniciativa que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó al Congreso local.
El internamiento de la persona con consumo de sustancias psicoactivas se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona” establece la iniciativa que ya se turnó a la Comisión de Salud la cual tiene 45 días hábiles para dictaminar, mientras que los ciudadanos tienen 10 días para proponer modificaciones.
La iniciativa de Ley de Bienestar Emocional, Salud Mental y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas establece que “el internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles y se realizará por el tiempo estrictamente necesario”.
Se trata de una previsión esencial si tomamos en cuenta que ha habido escándalos de maltrato y agresiones contra jóvenes que fueron internados contra su voluntad en centros de rehabilitación, de dudosos antecedentes.
Baste recordar el caso ocurrido en la colonia Ocotla Chico, en la alcaldía Tlalpan en febrero del 2025, cuando seis jóvenes murieron y cinco más resultados intoxicados en un “centro de rehabilitación” sin condiciones mínimas de protección civil; después de la tragedia los directivos fueron investigados.
O el caso de la Patrulla Espiritual que recorre las calles de ciudades como Tijuana, Baja California, para llevarse a personas con problemas de adicción a centros de rehabilitación, sin embargo, han sido cuestionados pues muchas veces se los llevan contra su voluntad y usan violencia en el proceso.
En ese sentido la iniciativa de Brugada establece claramente que los Centros de Atención Integral no podrán realizar ingresos involuntarios “y cuando una persona presente una alteración grave de su salud derivada de intoxicación o síndrome de abstinencia que implique riesgo inminente para su vida o integridad, será atendida en hospitales”.
En el artículo 55 de la iniciativa se establece que “la persona con consumo de sustancias psicoactivas es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento”.
Brugada también envió a Donceles una iniciativa para reformar la Ley de Salud local y agregar el artículo 44 Bis para que la atención de urgencias asociadas a crisis de salud mental y a situaciones derivadas del consumo de sustancias psicoactivas forme parte del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México.
En esos casos de urgencias las dependencias de gobierno tendrán que coordinarse para garantizar la atención oportuna, segura y efectiva de la persona.
La institución que diseñará y pondrá en marcha la estrategia de atención a la salud mental y a las adicciones será el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) y se organizará como una red de servicios de base comunitaria, articulada por niveles de atención y con continuidad del cuidado.
Los servicios de atención a la salud emocional de primer contacto se otorgarán en espacios públicos, escolares, laborales y del sistema público de cuidados y también habrá Equipos Interdisciplinarios de salud mental comunitaria, con capacidad de atención domiciliaria.
Así como servicios para situaciones de crisis; atención ambulatoria especializada; rehabilitación psicosocial, alternativas residenciales de apoyo y hospitalización cuando se requiera.
La iniciativa tiene un apartado para detectar, atender y dar seguimiento al riesgo suicida en las redes de servicios y en los ámbitos escolar, laboral, penitenciario y de asistencia social.
Para ello, el IASAMA contará con presupuesto propio y podrá recaudar ingresos por servicios prestados, garantizando la gratuidad a las personas sin capacidad de pago.