Las cifras que presentó ayer la secretaria de Energía, Luz Elena González, son, por mucho, las más contundentes, los datos más duros que ha proporcionado el gobierno federal sobre el contrabando de combustibles: en 2025 se negociaron más de 8 mil millones de litros de combustible ilegal, un negocio de más de 61 mil millones de pesos. Con otras variantes y robos de combustible, la suma del negocio ilegal supera los 80 mil millones de pesos. Es un buen ejercicio de transparencia que, paradójicamente, exhibe con toda su crudeza lo poco que ha avanzado la justicia contra la red que lo hizo posible.
Vamos a los datos duros. Al cruzar facturas de compra y venta de todo 2025, la Secretaría de Energía encontró un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible. No son litros robados de un ducto: son litros que se vendieron dentro de la cadena legal sin un origen que pueda acreditarse. Equivalen, según el gobierno, a unos 61 mil 700 millones de pesos en impuestos que no se pagaron. Es, en otras palabras, la magnitud del negocio del huachicol fiscal medido en un solo año, el 2025, ya en este sexenio.
El 72% de esa enorme cantidad de combustible vendido ilegalmente, 6 mil 352 millones de litros, se vendió en las comercializadoras. Otros mil 199 millones en gasolineras y 645 millones en importaciones. Pongámoslo en contexto: con 60 mil millones de pesos se podrían construir nada más y nada menos que 30 hospitales oncológicos de alta especialidad, como el Oncológico de Ecatepec, diseñado específicamente para la atención del cáncer infantil, con 40 camas, consultorios, quirófanos y aceleradores lineales de última generación, que tiene una inversión total proyectada cercana a los 2 mil millones de pesos para su infraestructura y equipamiento completo. Se robaron, con el contrabando de combustible, el equivalente a 30 hospitales en un solo año.
Luz Elena también mostró avances: dijo que el gobierno recuperó, hasta septiembre de este año, 48 mil 411 millones de pesos por IEPS; mil 952 millones de litros que se intentaron internar ilegalmente y fueron frenados; hubo dos mil 224 comercializadoras canceladas; y el padrón de importadores pasó de 197 a 17. Es importante que recordemos que, al comenzar su gobierno, López Obrador canceló prácticamente todos los permisos de importación y comenzó a otorgarlos a los suyos, entre ellos a Sergio Carmona y Jorge Amilcar Olán. En otras palabras, esos 180 permisos que se cancelaron fueron todos otorgados durante el gobierno de López Obrador, cuando estalló el negocio del contrabando de combustible protegido por las autoridades.
Según la secretaria González, hoy, en 2026, se sabe qué importador, qué comercializador, qué distribuidor y qué gasolinera vende combustible sin origen declarado. Y está muy bien, es un gran avance. La pregunta evidente es por qué no sabemos quién metió al país casi nueve mil millones de litros, sin origen, de contrabando, quién los dejó pasar y quién se benefició de ese negocio que supera los 60 mil millones de pesos, sobre todo si sabemos qué empresas vendieron ese combustible. O los responsables de ese negocio el sexenio pasado cuando generó unos 600 mil millones de pesos.
Y las investigaciones de la FGR se detienen en seco en el segundo nivel. Por el caso del buque de Altamira, el origen de la investigación más importante sobre esta red, hay 15 detenidos: 11 marinos y cuatro civiles. Quedan 17 órdenes de aprehensión pendientes, tres de ellas convertidas en solicitudes de extradición a Estados Unidos. Eso es todo lo que hay, un año y medio después del aseguramiento de un barco con unos ocho millones de litros y de una red que la propia FGR valuó en cientos de miles de millones de pesos.
Por el robo tradicional de combustible, por tomas clandestinas, Pemex ha presentado casi 11 mil denuncias y hay más de 2 mil 500 detenidos. Por el contrabando, con buques que salían de Texas declarando el combustible como aceite o aditivo y con mandos aduanales facilitando el paso, hay quince. La justicia funciona con eficacia hacia abajo y se vuelve lentísima hacia arriba.
Se presenta como los principales responsables a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, que son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina durante todo el sexenio anterior. La FGR sostiene que los Farías intervenían en nombramientos y ascensos en aduanas y en la propia Marina. Pero Ojeda no ha sido llamado siquiera a declarar. Era el responsable de la institución desde donde se operó la mayor red de contrabando denunciada hasta ahora.
Mucho menos se avanza en la vertiente política. En testimonios del caso aparece un “Andy”, refiriéndose a Andy López Beltrán, y existen lazos con otros personajes, como Adán Augusto López, Audomaro Martínez, Jesús Ramírez Cuevas, el gobernador de Tamaulipas, Americo Villareal, y la red se extiende hacia otras zonas del país, pero no hay una sola acusación formal, un citatorio para declarar, contra algún político del oficialismo.
El resultado judicial sigue siendo una docena de marinos y civiles detenidos, que no están en condiciones de mover y lavar semejante cantidad de combustible y de dinero. Sin ningún responsable político, el mensaje es que el contrabando de combustibles se puede medir con precisión, pero no se puede castigar porque la política no lo permite.