Jurídicamente no puede tomarse en serio la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. El Código Penal Federal contempla numerosos supuestos de ese delito en 15 fracciones del artículo 123, cuatro del artículo 224, un párrafo del artículo 125 y un párrafo del artículo 126.
Esos supuestos tipifican conductas cuya finalidad es la de someter a la nación mexicana a persona, grupo o gobierno extranjero, tales como colaborar con un ejército invasor, reclutar gente para hacer la guerra a México, solicitar el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero, contribuir a la desmembración del territorio nacional, incitar al pueblo a que reconozca a un gobierno impuesto por el invasor y otras acciones similares que por razones de espacio no puedo enumerar exhaustivamente.
Haber permitido la presencia de unos cuantos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio sin observar el protocolo correspondiente puede ser un proceder ilícito, pero nada tiene que ver con alguno de los supuestos de traición a la patria. El operativo fue dirigido por la Fiscalía de Justicia de la entidad y contó con la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas —como lo acredita un dictamen de criminalística de la Fiscalía General de la República (FGR)—, cuya jefa máxima es la Presidenta de la República. Evidentemente, la concurrencia de dichos agentes estadunidenses no tenía la finalidad de someter a la nación mexicana al gobierno de Estados Unidos.
Acusar a Jáuregui de traición a la patria es desmesurado, abusivo y grotesco. El principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 14 constitucional, exige que la conducta punible esté descrita con precisión y exactitud en la ley. La conducta atribuida al exfiscal chihuahuense no está descrita en ninguna de las hipótesis contempladas en los artículos 123, 124, 125 y 126, que conforman el capítulo I —denominado Traición a la Patria— del título primero —Delitos contra la seguridad de la Nación— del libro segundo del Código Penal Federal.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que había defendido la legalidad del operativo, le puso la mesa a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó reiteradamente la presencia de los agentes de inteligencia estadunidenses. La policía de la FGR no tuvo que tomarse la molestia de buscar a Jáuregui para aprehenderlo: la gobernadora lo entregó en bandeja de plata, una bandeja maloliente.
Imagino a los acólitos y feligreses de la 4T relamiéndose los bigotes o, si son lampiños, frotándose las manos de gusto: ¡ya tienen en las garras a un traidor a la patria! “¿Cuándo fusilarán a Jáuregui?”, les pregunta en este mismo diario Cecilia Soto. No olvidemos que Paco Ignacio Taibo II advirtió en distintas ocasiones: “Todavía hay lugar en el Cerro de las Campanas”, en referencia al fusilamiento en ese sitio, por traición a la patria, de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
Ya no existe, por fortuna, la pena de muerte en nuestro país, pero se puede aplicar a un chivo expiatorio la muerte civil o la privación de la libertad en una prisión inhóspita y lejana del domicilio de la familia del preso, a la que, por la lejanía, se le dificultará visitarlo. Como si fuese un delincuente peligrosísimo, Jáuregui está recluido en la cárcel de alta seguridad de Almoloya de Juárez, el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Junto a la ineptitud y la corrupción, la arbitrariedad ha sido una de las características principales del régimen de la 4T. La acusación de traición a la patria contra César Jáuregui —delito que tiene asignada una punibilidad máxima de 40 años de prisión— es uno más de los abusos de un gobierno que, como el de su antecesor, parece decirnos a todos que no le salgamos con el cuento de que la ley es la ley.
El régimen que entregó al gobierno de Estados Unidos a mexicanos presos saltándose el procedimiento de extradición, que ha pagado a la dictadura cubana 100,000 pesos por cada médico que nos envía mientras le paga 10,000 mensuales a los médicos del IMSS, y que protege a beneficiarios u operadores del narco —Rubén Rocha Moya y secuaces, entre otros—, tiene ya en la prisión de mayor seguridad del país, contra la razón y el derecho, a su traidor a la patria.