Iniciativa de la jefa de Gobierno sienta las bases para la protección de inquilinos
Mientras Morena defiende la iniciativa de la jefa de Gobierno que se entregó ayer en el Congreso local como una solución ante el encarecimiento inmobiliario, el grupo parlamentario del PAN advierte riesgos para la propiedad privada
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México.
El proyecto busca crear una institución encargada de defender los derechos de los arrendatarios y establece que la administración de la capital promoverá un incremento en la oferta de vivienda en renta.
La propuesta plantea que, para construir “relaciones inquilinarias justas y equilibradas”, se implementará una política integral para aumentar la oferta de vivienda social y asequible, con mecanismos de acceso específicos para jóvenes y grupos de atención prioritaria.
De aprobarse la reforma, el gobierno local ampliará su reserva territorial mediante la adquisición de suelo y se establecerá que la renta de inmuebles habitacionales no podrá incrementarse anualmente por encima de la inflación reportada por el Inegi.
Asimismo, se promoverán políticas para “disminuir los efectos negativos del proceso de gentrificación a fin de favorecer el derecho al arraigo vecinal y comunitario”.
La iniciativa llegó a Donceles la tarde de ayer; sin embargo, horas antes, la bancada del PAN manifestó su rechazo, asegurando que la reforma no generará vivienda social, sino “clientelas políticas”, beneficiará a vivienderos y pondrá en riesgo la propiedad privada.
El vicecoordinador panista, Diego Garrido, advirtió que “controlar precios no baja las rentas, desaparece la vivienda”, señalando que la medida podría desincentivar la inversión y encarecer el mercado.
Además, cuestionó la creación de un Instituto de Inquilinos por considerar que rompería el equilibrio entre las partes.
En respuesta, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, calificó de “irrisorio” que la oposición criticara la iniciativa sin conocerla formalmente y recordó que el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, dejando a sólo uno de cada diez jóvenes con casa propia.
Me parece irrisorio que dieran conferencia sin conocer la iniciativa (que se envió horas después a Donceles) (…) el año pasado legislamos en este Congreso local y homologamos la Constitución federal con la de CDMX, en la federal se protege la propiedad y ellos (la oposición) lo votaron”.
Bravo defendió la reforma al señalar que busca frenar la expulsión de personas de sus comunidades por aumentos desmedidos en los alquileres.
En tanto, Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva y diputado del PVEM, consideró que el reto central del Legislativo será lograr un equilibrio que garantice acceso equitativo y estabilidad en los arrendamientos, pero otorgando también certeza jurídica a quienes invierten en vivienda.
