Decomisan más de 50 mil vapeadores en el Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad de México decomisó más de 50 mil vapeadores de la vía pública, esto ocurrió durante un operativo realizado en calles del Centro Histórico.

La Subsecretaría de Reordenamiento, de la Secretaría de Gobierno, aplicó un operativo el 9 de enero donde decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos de un puesto semifijo y una bodega ubicada en la calle de Peña y Peña, en el Centro de la Ciudad de México.

“Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina. Imagínense ustedes lo que significa para la salud", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un evento en el Zócalo.

Los vapeadores fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria federal para su destrucción. Las acciones forman parte de un proyecto que contempla la recuperación del Centro Histórico.

La mandataria capitalina añadió que ese decomiso se suma a los 24 mil 572 retiros de mercancía ilegal que se vendía en el Centro Histórico, para disminuir y eliminar la venta de productos ilegales en la zona.

“El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal, hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”, añadió.

Hubo un detenido

El precio de los vapeadores oscila entre los 150 y 200 pesos, por lo que se trata de un decomiso de unos 10 millones de pesos en mercancía.

Además, fue detenido un masculino de 26 años que tenía a su disposición dos armas y marihuana, por lo que fue remitido al Ministerio Público.

“Quiero hacer un llamado a todos los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, para que no vendan este tipo de artículos, tampoco vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada, no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”, dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Tabaco produce 63 mil muertes prematuras

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman, aseguró que la modificación a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, misma que se coloca como una herramienta legal para actuar y proteger la salud de la población.

Estos productos contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos, por lo que no tienen autorización sanitaria y representan un riesgo grave para la salud, agregó.

“La ley define ahora estos productos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que son inhaladas directamente, esto es importante decirlo con claridad, no se trata de vapor inocuo, se trata de sustancias dañinas que entran al organismo”, explicó la funcionaria.

Gasman informó que en México más de 14 millones de personas, equivalente al 15 por ciento de la población, fuman, pero otras 14 millones quedan expuestas involuntariamente al humo del tabaco y 12 millones han usado alguna vez un cigarrillo electrónico.

Todos los años en México ocurren 63 mil muertes prematuras asociadas al consumo de tabaco, además de que los padecimientos respiratorios son una de las principales cargas de enfermedad, con más de 12 millones de registros acumulados en 2025.

No se criminaliza a consumidores

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde, señaló que dicha reforma a la Ley General de Salud, no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

“El Estado tiene la obligación de actuar, retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud”, concluyó.

*DRR*