Carpetas "perdidas" y sobornos, el calvario de la familia Oropeza tras despojo
Los afectados afirman que en la fiscalía especializada les han insinuado pagos millonarios para devolverles su propiedad de 5.3 hectáreas en Insurgentes Sur, la cual fue invadida desde 2016
Desde 1878 la familia de Adriana Oropeza Baez ha sido dueña de tres terrenos de más de 5.3 hectáreas en Insurgentes Sur, donde han tenido estacionamientos y negocios, pero el 23 de abril de 2016 entraron invasores que no han podido sacar y en lugar de contar con el apoyo de la fiscalía que lleva casos de despojo, les han insinuado que sólo dando millones de pesos se puede recuperar un terreno, les han perdido la carpeta de investigación y el mes pasado la mandaron al no ejercicio de la acción penal.
“En abril del 2016 ingresaron con armas a la propiedad —ubicada en Insurgentes Sur 4159, 4161 y 4163 propiedad de los hermanos Oropeza— a nuestro velador lo golpearon, rompieron cadenas”, recordó Adriana.
Su padre, José Luis Oropeza Leyte, hizo gestiones en la alcaldía Tlalpan para recuperar el terreno, hasta que se dio cuenta que los funcionarios protegían a los invasores, luego llevaron el caso a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), donde han enfrentado toda clase de obstáculos.
“En 2022 el titular de Fidampu, Fausto —Amador Martínez Cruz— me recibió y al comentarle nuestro caso y que nos invadió Humberto Vega Romano, que se ostenta como representante legal de la Fama Montañesa empresa que quebró en 1944, Fausto dijo que tenían muchas carpetas ahí en la fiscalía y me dijo ‘tiene poco que vinieron y nos ofrecieron 30 millones’ ¿Para qué? Obviamente para que las propiedades se las entregaran a ellos, pero nosotros lo que tenemos es la verdad: nuestras escrituras con folios reales”, dijo Adriana a Excélsior.
Meses después fue nombrada titular de Fidampu Alma Rodríguez Soberanes, “fue muy atenta, nos recibió, nos dio todo el apoyo, nos guió y nos dijo ‘no se preocupen, se van a hacer las investigaciones para poderles restituir su propiedad”.
Pero entonces a Adriana le comentaron en la fiscalía “que había un funcionario más arriba —de la fiscal Rodríguez Soberanes— que pedía dinero, ya sea para asegurar la propiedad o para entregarla (...) te piden grandes cantidades, me mencionaron que 5, 10, 20 millones… yo dije que no iba a dar dinero para recuperar mi legítima propiedad”.
Y el año pasado Adriana se enfrentó a que le perdieron la carpeta de investigación, situación por lo que la nueva fiscal de Fidampu, Mitzi León Gómez, le llamó la atención a su personal y la carpeta apareció una semana después.
En enero de este año uno de los peritos de Fidampu le dijo a Adriana que los documentos de su carpeta no eran legibles, por lo que ella debía gestionar diversos planos topográficos, acotados, manzanero en diversas dependencias, e hizo los trámites para obtenerlos. Tardaron entre 20 y 90 días en dárselos todos.
“E hice un escrito donde incluía el tracto sucesivo que tenemos desde 1878, que fue cuando el bisabuelo de mi papá compró la propiedad que pertenece al Rancho de Cuautla (...) o sea que esa propiedad jamás le perteneció a nuestro invasor que es la Fama Montañesa”, afirmó Adriana.
Pero después de entregar todo lo que le pidió el perito Adriana vio que le daban largas y largas “me decían que la carpeta estaba en peritaje, que ya va a llegar, que venga la próxima semana… y de pronto me dicen que mi carpeta no estaba, cuando salgo de la oficina, me encuentro al particular de la fiscal y me comenta que por orden de la fiscal, se habían enviado muchas carpetas al no ejercicio de la acción penal”.
El impacto e impotencia
Adriana quedó en shock e impugnó el no ejercicio de la acción penal.
Mientras la familia Oropeza ha pasado por este viacrucis de años, en 2021 los invasores derribaron árboles de más de 100 años de antigüedad y empezaron a edificar una concesionaria de autos.
Y el 23 de septiembre de 2021 entró un tercero en discordia: Íñigo Andrés de Martino Somellera envió un escrito a la alcaldía Tlalpan, argumentando que se oponía a la construcción de la obra y afirmando que los terrenos pertenecen a su familia. La familia Oropeza ha iniciado una serie de procesos legales contra de Martino Somellera.
Ante todas estas circunstancias Adriana pide a la Fidampu “que se investigue a los invasores, más que a nosotros, a los invasores. Que los llamen a declarar y que aseguren nuestra propiedad, y que nos la entreguen (...) porque esas personas continúan haciéndose de más propiedades porque tienen la liquidez para continuar haciendo más y más invasiones, y comprando a jueces, notarios”, afirmó.
Excélsior buscó a la Fidampu para conocer su postura sobre el caso, pero, hasta el cierre de esta edición, no se tuvo respuesta.