Buscan reformar la Ley para la Reconstrucción

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México para establecer requisitos de seguridad adicionales para autorizar procesos de demolición.

Además, buscarán establecer obligaciones de coordinación entre las autoridades que supervisan las demoliciones.

“El caso de San Antonio Abad 124 dejó claro que el marco legal de la reconstrucción tiene vacíos y ambigüedades que generan confusión institucional y un primer objetivo de la reforma es establecer que aunque la reconstrucción debe ser rápida, la rapidez no debe ser a costa de la seguridad, por lo que ninguna facilidad administrativa podrá relajar requisitos de protección civil o seguridad estructural”, explicó a Excélsior la diputada Lizzette Salgado.

Así que la iniciativa, que también será presentada por el coordinador de la bancada panista, Andrés Atayde, propone reformar el artículo 27 de la Ley y establecer como requisitos indispensables de seguridad para autorizar la demolición que la empresa en cuestión cuente con un programa de protección civil, un proyecto de demolición firmado por un director responsable de obra (DRO), un plan de protección de colindancias y póliza de responsabilidad civil.

Pues actualmente ese artículo sólo establece que las demoliciones se realizarán “de manera expedita garantizando la seguridad de las personas que habiten los inmuebles colindantes”.

También establece que las demoliciones “que lleven a cabo los damnificados deberán contar con el visto bueno del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y con el proyecto ejecutivo de demolición”.

El 9 de marzo pasado colapsó el edificio ubicado en San Antonio Abad 124, el cual estaba en proceso de demolición. Murieron tres trabajadores y uno más resultó herido.

A raíz de las investigaciones sobre el caso, las autoridades detectaron que la empresa no contaba con un plan de protección civil adecuado.

Además, Salgado destacó que ese artículo 27 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México sólo se refiere a las demoliciones de edificios o construcciones de casa habitación, por lo que propondrán una modificación a la ley para que se contemple la demolición de cualquier edificio de oficinas, comercio u otro giro que se haya visto afectado por el sismo de 2017.

Sin Estadísticas

La reforma también plantea establecer la obligación de la Comisión de Reconstrucción de publicar y dar a conocer al Congreso de la Ciudad de México Informes periódicos sobre el número de edificios y casas reconstruidos, el número de los que tienen daño estructural, los que ya han sido demolidos y los que faltan.

“Actualmente no hay estadísticas públicas al respecto; tenemos información parcial, pero no tenemos las estadísticas precisas que nos permitan conocer el estatus real de la reconstrucción y las demoliciones”, dijo Salgado.

A raíz del colapso en San Antonio Abad, al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, se le preguntó en conferencia cuántos edificios con alto riesgo de colapso están pendientes de demoler tras el sismo de 2017.

Respondió que se han demolido 48, sin embargo siguen en pie otros diez edificios con esas características.

La iniciativa también propone una reforma al artículo cuarto para “acotar las facultades de la Comisión para la Reconstrucción y establecer que su función es de coordinación, no de sustitución de atribuciones: el objetivo es evitar que la comisión invada las competencias de las alcaldías y otras dependencias”, detalló la diputada.

Salgado detalló que en la reforma que presentará junto con el diputado Atayde se establecerá que la Comisión para la Reconstrucción debe elaborar el protocolo en el que se defina claramente el tramo de responsabilidades de cada dependencia en el proceso de demolición.

Es decir, las acciones que le corresponden al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la Comisión para la Reconstrucción, las alcaldías, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre otras.

“La elaboración de esos protocolos es urgente y el objetivo es que con la reforma quede establecida esa obligación de la Comisión para la Reconstrucción de elaborarlos”, dijo.