Senado avala en 'fast track' anular comicios, prorrogar magistrados y mover elección de jueces a 2028
El Senado reconfiguró las reglas para los próximos comicios: avaló anular elecciones por "injerencia extranjera", pospuso la elección judicial para 2028 y creó una nueva comisión especial para analizar el perfil de los candidatos.
En tres sesiones continuas, por la tarde y noche del jueves y madrugada de este viernes, el Senado reconfiguró el marco legal para las elecciones de 2027, 2028 y 2030, permitiendo la anulación de los comicios, por la sola presunción de “intervención extranjera”.
En un carrusel de sesiones, también las comisiones unidas iban aprobando las minutas respectivas tal como iban llegando de la Cámara de Diputados.
Con el voto decisivo del senador suplente de Enrique Inzunza, Omar López Campos, ahijado del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, los senadores de Morena y aliados alcanzaron la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales.
Anular elecciones
La elección de jueces y magistrados que se realizaría en 2027 se pasó al 4 de junio de 2028, y se aprobó la reforma para anular elecciones, locales, federales y presidenciales cuando la autoridad electoral considere que hubo algún tipo de injerencia extranjera.
No obstante no se aprobaron cambios a ninguna ley específica para reglamentar las causales específicas de la nulidad.
Se incorporó como causal de nulidad electoral la intervención extranjera, un concepto que fue modificado respecto a la propuesta original. Esta enmienda fue aprobada con 87 votos a favor y 40 en contra, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.
Inicialmente se planteaba sancionar la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en preferencias o resultados; sin embargo, el texto final establece que la nulidad procederá cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
“Se trata de garantizar que en México las elecciones las decida el pueblo y nadie más. Porque la soberanía es el derecho irrenunciable de nuestro pueblo a decidir su destino, a elegir a sus autoridades y a formar libremente su voluntad política.
“Sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos, disfrazados de sociedad civil, de opinión pública o de supuesta defensa democrática", argumentó el senador de Morena Óscar Cantón Zetina.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, señaló que el objetivo real de esta reforma es generar a Morena un blindaje electoral, que bajo el pretexto de la soberanía nacional pueda en cualquier circunstancia anular triunfos y victorias por parte de la oposición.
"Los criterios para la anulación de la elección son tan vagos, tan imprecisos, que traen como consecuencia esta interpretación discrecional que puede llegar a ser arbitraria. Y cuando esto se le concede a la maquinaria del régimen el poder de interpretar en estas condiciones es cuando el autoritarismo se consolida", indicó.
Los senadores avalaron establecer que la consulta de Revocación de Mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio de 2028 de forma concurrente a las elecciones del 4 de junio de 2028.
De la misma forma, se aprobó que los magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan permanecer en el cargo hasta 2034, beneficiando a Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez.
Blindaje antinarco
El Pleno del Senado de la República respaldó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue considerado para trámite de urgente resolución y que una vez aprobado por la Asamblea fue remitido al Ejecutivo Federal.
En lo general, el proyecto de decreto fue avalado con 85 votos a favor y 40 en contra.
De acuerdo con la minuta, la Comisión de Verificación estará integrada por tres consejeras o consejeros electorales, con una duración en su encargo de tres años y una presidencia rotativa, que será designada anualmente entre sus integrantes.
Dicha instancia tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral.
Con ello, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realizará un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
De acuerdo con la minuta, la entrega de esta información podrá ser total o parcial y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
También dispone que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.
Y que los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinen sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político. Además, dicha instancia deberá garantizar la confidencialidad de la información que reciba.