La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como diversos actores, ha reabierto el debate sobre la iniciativa para modificar la fallida reforma judicial que tiene en jaque las inversiones nacionales y extranjeras, así como los derechos humanos. Aplazar la elección judicial a 2028 no corrige el daño de origen. Lo grave es que los mexicanos pretendan normalizar un golpe de Estado técnico contra la independencia judicial. La elección, por tanto, debe cancelarse.
En México se ha querido reducir la discusión a logística, boletas, filtros o exámenes. Pero el punto de fondo es mucho más serio. Hay un amplio consenso crítico, dentro y fuera del país, de que el actual gobierno operó una reforma que desmanteló la carrera judicial, debilitó la autonomía de los juzgadores y politizó un sistema que debía servir de contrapeso. No por casualidad, diversas voces calificaron ese proceso como un golpe de Estado constitucional o técnico: cometido por el Congreso dominado por Morena, ofreciendo inmunidad criminal a algunos legisladores, y por la Presidencia de la República, del mismo partido, para capturar un pilar del Estado democrático: el Poder Judicial de la Federación.
Por eso preocupa la contradicción de algunos sectores empresariales, organizaciones civiles y actores públicos que primero denunciaron la reforma ante instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ahora parecen conformarse con pedir mejores candidatos. Esa postura desplaza el centro de gravedad: ya no se discute la anulación de la independencia judicial, sino cómo hacerla menos mala, aceptando formar parte de la destrucción democrática.
La paradoja es brutal. Es como dejar de exigir a un régimen autoritario la libertad de los opositores y aceptar, en cambio, que los mantenga presos de por vida si mejora las condiciones de la celda. Están legitimando la arbitrariedad y la anulación del equilibrio de poderes.
Un juez no representa mayorías. No está para agradar al electorado ni para sobrevivir al humor del poder. Su legitimidad no proviene del aplauso, sino de la Constitución; no de la popularidad, sino de la imparcialidad; no de una campaña, sino de su capacidad para resolver conforme a derecho, incluso contra la presión del gobierno, del partido dominante o de los medios. Cuando se sustituye la carrera judicial por una competencia electoral, la justicia se convierte en botín.
La Barra tiene razón al advertir que aplazar no resuelve los problemas estructurales. Pero el debate debe ir más lejos: no se trata de hacer mejor la elección de 2028; se trata de impedir que haya elección judicial, porque su sola realización consolida el asalto al Poder Judicial.
La disolución del Poder Judicial es la razón por la que este país no crece y se le acaba el dinero. Se engaña por igual a Trump que a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Cooptado el Poder Judicial, los abusos y agravios de Morena se acumulan: anulación de la Ley de Amparo, legalización del atropello frente al SAT, agravio a las ONG en sus luchas, desaparición de órganos autónomos y ahora anulación de elecciones y cancelación de la libertad de expresión. ¿Quieren entonces mejores celdas?
El ciudadano está indefenso frente al poder, al igual que las empresas nacionales y extranjeras, como se constata cotidianamente. Se protegen las alianzas con grupos criminales y se persigue políticamente a una gobernadora de oposición.
La elección judicial de 2028 no debe corregirse: debe detenerse. Lo contrario sería convertir una ruptura constitucional en rutina autoritaria. Y cuando un país normaliza la captura de sus jueces, pierde la última puerta institucional a la que puede acudir un ciudadano cuando el gobierno decide pasar por encima de sus derechos. Hoy, todos, al igual que la oposición, tienen el llamado a la acción que querían.
Pregunta de viernes, ¿si en el incidente de Chihuahua estuvieron presentes soldados, no debería citarse a declarar al titular de la Sedena, al igual que la gobernadora?