Decía Groucho Marx que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. La actual administración federal parece haber llevado a la perfección el marxismo estilo Groucho. Están metiéndose en todos los problemas posibles (la mayoría de las crisis en las que está involucrado el gobierno es autoinfligida), está diagnosticando falsamente el origen de esos problemas y aplica, rigurosamente, los remedios equivocados. El mejor ejemplo es la crisis en la relación con Estados Unidos, a partir de la negativa del gobierno federal de detener con fines de extradición y proteger de todas las formas posibles a los funcionarios de Sinaloa involucrados en las redes de protección y complicidad con el crimen organizado.
Ayer, en la mañanera, uno de esos personajes a sueldo del gobierno que no pueden ni leer bien las preguntas que le prepara el equipo de Jesús Ramírez decía que las declaraciones de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, habían sido sacadas “fuera de contexto” y malinterpretadas. El responsable militar de Estados Unidos dijo, sentado junto a Donald Trump y en una reunión de todo el gabinete, que viene “una nueva guerra, la guerra contra los cárteles”, que la harán con los ejércitos aliados en el llamado Escudo de las Américas y que, de la misma forma en que atacaron a los cárteles por aire, ahora lo harán por tierra. No sé cómo se puede malinterpretar una declaración de ese tipo.
Unas horas después, el New York Times publicaba, y se hacían eco todos los medios internacionales, citando comunicaciones privadas entre ambas administraciones, que el gobierno guatemalteco había aceptado realizar ataques conjuntos con Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico dentro de su país. El acuerdo se habría establecido, además, en una llamada telefónica entre el presidente Bernardo Arévalo y el secretario Hegseth, y está confirmada por tres fuentes diferentes. El Ministerio de la Defensa de Guatemala emitió un comunicado en el que sostuvo que la nota enviada al secretario de Guerra, Pete Hegseth, era sólo una solicitud de cooperación e inteligencia para fortalecer operaciones lideradas exclusivamente por las fuerzas de seguridad locales. Pero los acuerdos militares en el contexto del Escudo de las Américas, firmados por Guatemala, lo permiten y, apenas dos días antes, el ejército guatemalteco había descubierto dos grandes narcolaboratorios, uno ubicado en la frontera con México y el otro en El Petén, con colaboración estadunidense. Según el NYT, el gobierno de Trump se está enfocando en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La presión estadunidense se refleja, además, en la cancelación de las visitas de Sara Carter, la zar antidrogas de la Casa Blanca, y del representante comercial, Jamieson Greer. Pero el gobierno federal se empeña en alimentar las presiones estadunidenses.
Ayer, Enrique Inzunza pidió licencia como senador para ausentarse durante este periodo extraordinario (en realidad, hace más de un mes que no aparece en el Congreso) y tratar de que, así, Morena y sus aliados alcancen la mayoría necesaria para aprobar la reforma constitucional que permite la nulidad de las elecciones ante lo que consideren una injerencia extranjera.
Inzunza dijo que estaba en la Ciudad de México, pero nadie lo ha visto. Hay quienes dicen que, repitiendo lo que se hizo hace años con el hermano de Leonel Godoy, acusado como Inzunza de narcotráfico, pudo haber sido introducido escondido al Senado. Difícil creerle a Inzunza porque también dijo que estaba en su natal Badiraguato, pero luego lo vimos en el Country Club de Culiacán, junto con otro presunto delincuente, el también senador Javier Corral, que dijo que se encontraron ahí porque es donde vive Inzunza. Lo cierto es que está escondido porque, sobre todo ahora que no tiene fuero, puede ser detenido o “extraído” en cualquier momento.
Mientras tanto, el gobierno impulsa una reforma constitucional contra la injerencia extranjera (léase, contra la presunta intervención de Estados Unidos) en los procesos electorales, que es una forma de censurar a las oposiciones y medios, y de poder anular cualquier elección en la que Morena sea derrotado. Se trata de un rechazo muy selectivo a la injerencia externa. El gobierno federal no tiene ningún problema con la injerencia en México de Cuba, de Rusia, de Podemos, y hasta de lo que queda del régimen de Venezuela, tampoco con el apoyo de México a delincuentes como Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú o Rafael Correa en Ecuador.
La injerencia rusa, por ejemplo, ha sido ampliamente documentada, y un reciente reportaje publicado en Excélsior ha aportado mayores datos aún. Mientras tanto, al encausado José Luis Rodríguez Zapatero le encontraron cuentas en México y los dirigentes de Podemos viven en nuestro país a costa del erario, trabajando para el gobierno federal y financiados por contratos con el sector público y Morena, desde Pablo Iglesias hasta Juan Carlos Monedero, pasando por Abraham Mendieta. Ésa sí es injerencia.
Decía Nietzsche que “el máximo del poder es el inicio de la decadencia”. La de esta administración ya inició.