¿Quién es Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz vinculada a proceso?

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos, luego de una audiencia celebrada ante la autoridad judicial en Coahuila.

De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria es señalada por un presunto desvío de recursos que ascendería a 280 millones de pesos, relacionado con la asignación irregular de obras y contratos durante su gestión municipal. Como medida cautelar, el juez determinó que Flores Guerra deberá presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad, mientras continúan las indagatorias.

La resolución judicial reavivó una larga lista de polémicas que marcaron la administración de la exalcaldesa, identificada con Morena, y que desde hace años ha sido objeto de señalamientos por presuntos abusos de poder, irregularidades administrativas y confrontaciones políticas y sociales en el municipio.

Desde los primeros días de su gobierno, la administración de Tania Flores estuvo acompañada de controversias. Entre los hechos más señalados se encuentran despidos masivos de trabajadores municipales, presuntamente sin liquidación conforme a la ley, así como conflictos con dependencias estatales, luego de que la entonces alcaldesa amenazara con detener a personal que entregaba apoyos sociales en el municipio, acción que habría excedido sus atribuciones.

A lo largo de su periodo, Flores Guerra también fue señalada por enfrentamientos con integrantes del cabildo, líderes locales de partidos políticos y ciudadanos. En al menos un caso, personas cercanas a su entorno familiar fueron acusadas de agredir físicamente a una dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, hecho que derivó en denuncias públicas.

La exalcaldesa también se vio involucrada en accidentes viales, algunos de ellos con personas lesionadas, los cuales generaron amplia atención mediática y críticas por el manejo de los hechos.

Entrega-recepción bajo sospecha

El cierre de su administración no estuvo exento de cuestionamientos. El proceso de entrega-recepción fue señalado como opaco e irregular, luego de que se denunciara la ausencia de vehículos oficiales, entre ellos patrullas, camiones de basura y unidades utilitarias, que presuntamente habrían sido vendidos al final del trienio para cubrir adeudos con proveedores.

A ello se sumaron reclamos ciudadanos por el deterioro de la infraestructura urbana, vial y de servicios públicos, que -según testimonios- dejó al municipio en condiciones críticas.

Tras darse a conocer la vinculación a proceso, periodistas, comerciantes y productores locales comenzaron a hacer públicos testimonios sobre presuntos actos de represión, censura y hostigamiento durante la administración de Flores Guerra.

Comunicadores locales han denunciado también agresiones físicas, amenazas y persecución por su labor informativa, así como intimidaciones contra familiares, lo que -aseguran- generó un clima de miedo y silenciamiento en Múzquiz durante ese periodo.

En el ámbito económico, comerciantes y productores del sector carbonífero también han señalado presuntas extorsiones, clausuras arbitrarias y presiones administrativas, que habrían afectado de manera directa la actividad comercial y productiva del municipio.

Vínculos y contratos bajo escrutinio

Otro de los aspectos que ha generado polémica es el señalamiento de que Tania Flores y miembros de su familia habrían sido beneficiados con contratos multimillonarios de suministro de carbón con la Comisión Federal de Electricidad, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tema que también ha sido motivo de críticas y cuestionamientos públicos y que forma parte del contexto bajo revisión por distintas autoridades.

A estos señalamientos se sumó recientemente la denuncia pública de Mónica Escalera, quien se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento durante la administración de Flores Guerra. La exfuncionaria acusó a la exalcaldesa de abuso de poder y presuntas prácticas de corrupción, y rechazó que los procesos legales en su contra respondan a una persecución política.

Escalera sostuvo que las investigaciones abiertas derivan de irregularidades detectadas durante la gestión municipal y afirmó que existe un rechazo social hacia la exalcaldesa en el municipio. Asimismo, pidió que las autoridades continúen con las indagatorias y que se finquen responsabilidades conforme a la ley.

Las autoridades han señalado que las investigaciones continúan y que este procedimiento judicial es el primero de varios procesos administrativos y penales que podrían derivarse de auditorías, denuncias y revisiones al ejercicio de recursos públicos durante su gestión municipal.

Mientras tanto, para amplios sectores de la población de Múzquiz, la vinculación a proceso de la exalcaldesa representa un punto de inflexión en una administración que aseguran estuvo marcada por el conflicto, la opacidad y el desgaste institucional, a la espera de que los distintos procesos legales en curso determinen responsabilidades.