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Y Nicaragua, ¿qué?

Ricardo Pascoe Pierce

Ricardo Pascoe Pierce

En el filo

 

Dado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha anunciado la intención de explorar vías de medición en el caso del conflicto en Nicaragua, no está de más conocer la situación reinante en ese país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció una periodización de la crisis político–social que vive Nicaragua. La primera fase refiere a la “represión tradicional” marcada  por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril de 2018.

La segunda fase fue la “operación limpieza”, cuando el gobierno de Daniel Ortega buscó eliminar las barricadas colocadas en distintos lugares del país. 

La tercera fase se refiere a la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino.

La cuarta, y más reciente, fase empezó en vísperas de Navidad de 2018, la cual busca acallar por completo las voces que han venido denunciando el régimen sandinista de Daniel Ortega. En esta fase han acometido contra la personalidad jurídica de diversas ONGs vinculadas con la defensa de los derechos humanos, además de atacar decididamente a la prensa independiente e impugnando los mecanismos del contralor internacional.

El 19 de diciembre, el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH-OEA, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega. El GIEI es parecido al mismo mecanismo creado por la OEA para conocer del caso de Ayotzinapa, en México.

La historiadora Dora María Téllez, exjefe del Estado Mayor del FSLN durante la revolución sandinista y exministro de Salud, afirma que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”. La solución es “constitucional y política, por la vía pacífica, convocando a nuevas elecciones nacionales…anticipadas…que puede hacerse mediante la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”. Concluye Téllez, afirmando: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”.

El gobierno de Ortega tiene, en teoría, dos vías de acción: abrir una negociación con nuevos garantes y facilitadores (por ejemplo, México o el Vaticano) antes de la próxima reunión de la OEA como maniobra para que no le aplique la Carta Democrática, o aferrarse al poder y no negociar.

El Foro de São Paulo, del cual es miembro Morena, el partido gobernante de México, emitió una declaración el 17 de julio de 2018 sobre la situación que vive Nicaragua, en los siguientes términos: “Rechazamos de forma enérgica la política intervencionista de Estados Unidos en los asuntos internos de la Nicaragua sandinista…causando violencia, destrucción y muerte mediante…la acción desestabilizadora de grupos terroristas…que boicotean la búsqueda del diálogo, el cual constituye el mejor camino para superar la actual crisis y alcanzar la paz, lo cual es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales impulsado por el FSLN desde el gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega y que ha reducido de manera notable la pobreza y la desigualdad en ese hermano país”.

Morena firmó la declaración, comprometiendo la neutralidad mexicana en negociaciones entre partes en conflicto. Mal inicio como facilitador.

 

 

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