Administrar los detalles

El domingo pasado, durante la segunda conferencia extraordinaria de ese día para hablar de la explosión en Tlahuelilpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la pregunta de una reportera sobre si debía reconsiderar su decisión de tener a su ...

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

El domingo pasado, durante la segunda conferencia extraordinaria de ese día para hablar de la explosión en Tlahuelilpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la pregunta de una reportera sobre si debía reconsiderar su decisión de tener a su disposición una aeronave oficial.

La tragedia había ocurrido cuando el mandatario se encontraba de gira en Aguascalientes, desde donde viajó por carretera hasta el estado de Hidalgo. Para cuando llegó a Tlahuelilpan, era casi la una de la mañana del sábado.

“Hice cuatro horas”, dijo López Obrador, quien defendió su decisión de hacer el traslado por tierra. “Si hubiera ido en avión, en lo que llegaba al aeropuerto, hubiera hecho dos horas”.

Agregó que había aprovechado el tiempo, informándose desde el hotel sobre lo que estaba pasando y dando instrucciones. “Y como ahí estaba la camioneta, les dije ‘vámonos’”, relató. 

Luego, añadió otro argumento para no volar. “Antes, los presidentes pasaban por encima y no se enteraban de lo que sucedía abajo. Como yo me fui por carretera, pude ir viendo lo que pasaba en las gasolinerías, si había combustible o no, y cuánto estaban cobrando por él”. La declaración de López Obrador me sorprendió, y no sólo por enterarme de la forma como tomó la decisión de atravesar, en medio de la noche, unos 170 kilómetros del territorio de Guanajuato, una entidad azotada por la violencia, donde, entre el viernes y sábado, asesinaron a 14 personas. También me impactó imaginármelo revisando el precio de la gasolina en las estaciones de servicio que se iba encontrando en la ruta, como si fuese un inspector de pesos y medidas y no el jefe del Estado mexicano.

Pero ése es el estilo que se ha impuesto en el gobierno federal. El Presidente y sus principales funcionarios atienden personalmente asuntos que tendrían que tener en sus manos funcionarios de menor jerarquía, mientras que otros temas, que tendrían que merecer su atención, son delegados.

Entre estos últimos, está la representación del gobierno mexicano en el Foro Económico Mundial de Davos. Cuando el FMI acababa de reducir su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año, y lo atribuía a la dificultad que México tendrá para atraer inversión, se decidió dejar al frente de la delegación mexicana a la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

En tanto, tres secretarios de Estado –el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la de Economía, Graciela Márquez, y la de la Función Pública, Irma Sandoval– viajaron a Estados Unidos para gestionar la compra de 571 pipas, como parte del cambio de estrategia de distribución de gasolina impulsada por el gobierno federal.

Otro ejemplo de la administración de detalles en que ha incurrido el propio López Obrador es el haber usado una de sus conferencias de prensa en Palacio Nacional para lanzar la convocatoria de contratación de 2 mil choferes para manejar dichas pipas.

Este estilo de mando es conocido como micromanagement, en el mundo empresarial. Es una forma de administración que se enfoca en cuidar los detalles sin reparar en los grandes objetivos de la organización y se distingue por la falta de voluntad o la incapacidad de delegar la ejecución de asuntos.               

Buscapiés

“Si no se respeta la ley, no va a haber certidumbre para la inversión; y si no hay inversión, no habrá crecimiento económico”, me dijo ayer en Imagen Radio el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. La creciente erosión del Estado de derecho está detrás de muchos de los problemas como país: la corrupción de autoridades, la violencia criminal, el robo de combustibles y el chantaje de gremios que cometen delitos y usan la movilización social –como ocurre en Michoacán, con el bloqueo de las vías del tren– para extraer rentas del erario.

Cientos de miles de venezolanos salieron a las calles a manifestarse en diferentes ciudades del país en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, justo en el 61 aniversario del derrocamiento de otro dictador, Marcos Pérez Jiménez. La diferencia entre estas protestas y las de 2017 son dos: la participación de grupos sociales que habían apoyado al chavismo y un liderazgo claro de la oposición, encarnado por el joven presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ayer asumió las competencias del Poder Ejecutivo durante una concentración multitudinaria en Caracas. Son días clave.

Ayer se vio que México se va quedando aislado en el vecindario latinoamericano, por su decisión de no deslindarse del régimen de Maduro. El gobierno mexicano ha querido presentar su postura como una forma de respeto a la autodeterminación de las otras naciones, pero lo que ha sido en los hechos es un respaldo a alguien que no ganó limpiamente el cargo que detenta. Desde ayer, un conjunto de países reconoce a Guaidó como Presidente de Venezuela. México no está entre ellos. Lástima.

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