Donar órganos por decreto
¿De quién es el cuerpo que habitamos? ¿Nos pertenece? ¿Solo nosotros podemos disponer de sus órganos, huesos y tejidos? ¿Quién y por qué tendría derecho a decidir sobre nuestros cadáveres? Resulta imperativo distinguir si la emancipación construida desde una ...
¿De quién es el cuerpo que habitamos? ¿Nos pertenece? ¿Solo nosotros podemos disponer de sus órganos, huesos y tejidos? ¿Quién y por qué tendría derecho a decidir sobre nuestros cadáveres?
Resulta imperativo distinguir si la emancipación construida —desde una perspectiva de derechos humanos— sobre nuestra individualidad, integridad y libertad está regida o no por principios bioéticos.
Urge entenderlo dada la ofensiva renovada de quienes a nombre del Estado o de las iglesias siguen reglamentando cómo debemos relacionarnos frente a la estructura física que nos da forma pero que también configuran nuestra conciencia.
El ejemplo más reciente de esta dinámica se registró el pasado 3 de abril en el Senado de la República, donde se aprobó otra disposición orientada a despersonalizar nuestra existencia, en este caso al fallecer. Se trata de la reforma al título decimocuarto de la Ley General de Salud, relacionado con la “Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida”. De acuerdo a los cambios aprobados por los representantes del pacto federal, todos somos de manera obligada y automático donadores de nuestros cuerpos, de manera parcial o total, condición que solo puede evitarse si se deja por escrito una negativa, obviamente suscrita antes de morir.
Ni siquiera los familiares o la pareja del difunto podrán evitar que el Estado, a través de sus instituciones de salud, pueda disponer de los órganos, tejidos, células y cadáveres que necesiten trasplantarse.
En la exposición de motivos, los senadores asumen que la mayoría de la población no quiere que ofrecer sus cuerpos para estos fines, es decir, que han fracasado las campañas de donación de órganos. Por ello y ante la falta de colaboración social se opta por la imposición. Es decir, se le despoja al ciudadano de su estructura material, lo cual en los hechos constituye el uso coercitivo del Estado sobre una entidad que ya no puede defenderse: el cadáver.
El tema aquí, obviamente, no es ignorar la demanda de trasplantes sino cuestionar la decisión estatal para que todos seamos solidarios, aceptando que nuestro cuerpo no es en realidad propio.
Esta medida se suma a otras disposiciones restrictivas desde lo jurídico y desde la moralidad en contra de nuestros cuerpos: restricciones en materias de sexualidad, de reproducción o de muerte voluntaria, prohibiciones para participar del trabajo sexual, tatuarlo, perforaciones, vestimenta distinta al género asignado o uso sustancias recreativas.
Conceptualmente, la aportación de esta reforma es que siembra la percepción de que habitamos cuerpos ajenos, que le pertenecen al Estado y que para usarlos éste los necesita sanos. Conceptualmente las modificaciones aprobadas dan por hecho que todos los cuerpos fallecidos tienen condiciones clínicas para ser trasplantados, por lo que el país requiere cuerpos sanos, de anatomías y órganos asépticos.
Lo anterior refuerza el discurso conservador e incluso eugenésico que da poderes al Estado para distinguir y luego separar aquellos cuerpos que desde antes de morir no serán candidatos para trasplantar.
Con esta disposición se profundiza la invasión a la intimidad, una intromisión que de paso violenta la integridad de la persona fallecida; no su memoria, sino su dignidad.
En el célebre ensayo por el que disecciona el nacimiento de la prisión, Michel Foucault plantea que al haber introducido el cuerpo humano en un esquema de coacción y de privación, de obligaciones y de prohibiciones, se le ha restringido la libertad al individuo.
Lo anterior se acentúa con medidas como las reformas comentadas a la Ley General de Salud, porque saberse ajeno al cuerpo habitado equivale a reconocerse dentro de una prisión. Sin duda hay que releer a Foucault en sus planteamientos sobre las dimensiones y usos de la prisión. La analogía no es gratuita.
¿Cuántas personas van a formalizar el rechazo a que su cadáver se use en trasplantes? Es temprano para saberlo, incluso porque la decisión del Senado deberá todavía ratificarse en la Cámara de Diputados.
Difícil haber pensado, hace años, que antes de morir tendríamos que dejar bien escrito nuestro rechazo a la intromisión de bisturís y otras herramientas en nuestros cuerpos fallecidos. Definitivamente el Estado no ha perdido tamaño, sigue invadiéndonos, determinando qué hacer con los cadáveres intestados por descuido o ignorancia.
Referencia
- Foucault, Michel. Vigilar y Castigar, traducción de Aurelio Garzón del Camino. Ed. Siglo XXI, 2005, México.