Violencia político-electoral se concentra en 6 estados
Pese a no ser un año de elecciones federales, 2025 se posicionó como el segundo año más agresivo desde 2018; hubo 382 casos; ésta se agudiza donde hay fragmentación criminal y debilidad institucional
Los casos de violencia política durante 2025 fueron concentrados en 11 municipios de seis entidades, donde convergen la presencia de organizaciones criminales, las disputas por el control territorial y las limitaciones institucionales a nivel local, de acuerdo con un informe de Integralia.
El documento detalla que 2025 confirmó que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario de elecciones, porque aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. “El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales”, destaca Integralia.
Sin embargo, la violencia político-electoral se intensifica en la antesala de procesos electorales. El primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos en mayo y junio. Esto indica que la proximidad a jornadas electorales —incluso parciales— sigue siendo un detonante clave para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.
La concentración en regiones y órdenes de gobierno confirma patrones; Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato registraron el mayor número de casos. La recurrencia de casos en estas entidades confirma que la violencia política se asienta en territorios con alta fragmentación criminal y debilidad institucional. Además, los municipios continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad, con el 79.3% de los casos registrados.
Por entidad, los mayores registros se concentraron en Veracruz (104 casos), Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21). En contraste, Yucatán no reportó casos, mientras que Zacatecas, Querétaro, Nayarit y Campeche registraron un caso cada uno, y Chiapas, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala contabilizaron dos casos por entidad. Por su parte, Michoacán, CDMX, Estado de México y Sinaloa reportaron 16, 14, 13 y 12 casos, respectivamente.
La distribución municipal de los casos de violencia política-electoral en 2025 muestra una fuerte concentración territorial en municipios donde convergen la presencia de organizaciones criminales, las disputas por el control territorial y las limitaciones institucionales a nivel local. Esta geografía de la violencia política sugiere que, más allá de los procesos electorales, los ataques contra actores políticos se insertan en dinámicas de control territorial y captura de gobiernos municipales.
Estos son los municipios con casos de violencia política a nivel municipal: Tijuana (3), Mexicali (5), Culiacán (8), Coxquihui (4), Córdoba (4), Veracruz (12), Puebla (7), Celaya (6), Uruapan (4), Cuauhtémoc (11) y Chilpancingo (7).
Por tipo de violencia político-electoral, 188 correspondieron a homicidio doloso; 96, a amenazas; 50, atentados con armas de fuego; 24, secuestros; 18, a desapariciones, y seis fueron catalogados como otros.
El asesinato se consolidó como el principal mecanismo de violencia político-electoral, pues casi la mitad de los incidentes (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, seguidos por amenazas y atentados con arma de fuego. Esta composición refleja una escalada en la letalidad y una menor dependencia de mecanismos de intimidación indirecta”, dio a conocer Integralia.
Cabe destacar que mayo y junio pasados fueron los meses con más casos registrados. Quienes más sufrieron agresiones fueron aspirantes y candidatos, con 57 casos; figuras políticas y excandidatos, con 57, y funcionarios y exfuncionarios, con 268 casos. Los municipios y sus funcionarios se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otros órdenes de gobierno.
De acuerdo con Integralia, ello obedece a factores estructurales como policías e instituciones de procuración de justicia débiles, limitaciones presupuestales para su fortalecimiento y escasa o nula presencia de corporaciones estatales o de las instituciones de seguridad federales.
