Violaron derechos de 22 mujeres con prisión preventiva en CEFERESO 16: Comité de la ONU

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el uso prolongado de la prisión preventiva oficiosa violó los derechos humanos de 22 mujeres detenidas en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16 (CEFERESO 16), la única prisión federal exclusiva para mujeres.

El organismo de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, determinó que estas mujeres permanecieron años encarceladas sin sentencia y sin una revisión adecuada de la medida cautelar, lo que constituyó una violación al principio de proporcionalidad y a los derechos de las detenidas.

La resolución fue emitida por el Comité CEDAW tras analizar un caso presentado por las propias detenidas, algunas de las cuales permanecían en prisión preventiva desde 2009, acusadas de delitos relacionados con crimen organizado.

Detenciones prolongadas sin revisión judicial

De acuerdo con el dictamen, varias de las mujeres pasaron más de una década en prisión preventiva sin avances significativos en sus procesos judiciales. Incluso tres de ellas fueron absueltas entre 2023 y 2024, después de haber permanecido más de diez años privadas de la libertad.

La experta del comité, Erika Schläppi, explicó que el problema radica en la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, sin evaluar las circunstancias individuales de cada caso.

“Estas mujeres han permanecido en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas durante más de 15 años, sin que se revisara adecuadamente la medida de detención”, afirmó.

El comité sostuvo que esta práctica deriva tanto de disposiciones legales como de prácticas judiciales arraigadas que imponen la medida de forma automática, excluyendo a las mujeres de medidas cautelares alternativas.

Impacto desproporcionado en mujeres detenidas

El análisis del organismo internacional también reveló que la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres en México.

Datos presentados ante el comité indican que durante los primeros seis meses de 2020 el número de mujeres bajo esta medida aumentó 10.3%, mientras que en el caso de los hombres el incremento fue de 1.9%.

En términos generales, 51.7% de las mujeres detenidas a nivel federal estaban en prisión preventiva oficiosa, frente a 41.34% de los hombres, lo que evidenció una brecha significativa en la aplicación de esta medida cautelar.

El comité señaló que la detención prolongada afecta especialmente a las mujeres por su rol social como principales cuidadoras y por las dificultades para mantener contacto con sus familias.

Deficiencias médicas y condiciones de reclusión

La investigación también documentó deficiencias graves en la atención médica dentro del CEFERESO 16.

Aunque se trata de la única prisión federal femenina en el país, el centro carece de personal médico permanente, incluyendo médicos generales, ginecólogos, psiquiatras y pediatras, necesarios para la atención de las internas y sus hijos.

Estas condiciones ya habían sido señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en 2023 emitió una recomendación tras registrarse 12 suicidios dentro del penal, señalando la falta de medidas adecuadas para garantizar el acceso a la salud.

Entre los testimonios presentados al comité destaca el caso de Patricia Melo Tapia, detenida en 2011 y fallecida en 2020 tras no recibir atención médica adecuada pese a padecer gastritis, colitis y posibles complicaciones oncológicas.

Otro caso es el de Ivonne Hernández Carbajal, arrestada en 2012, quien denunció tortura durante su detención y la separación de sus hijos, además de años de problemas de salud sin tratamiento médico adecuado.

El comité también considera que las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y 2025 ampliaron el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, lo que podría agravar el problema estructural del encarcelamiento automático.

Según el organismo internacional, estas reformas limitan la revisión judicial significativa de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, perpetuando un sistema que no analiza las circunstancias individuales de los acusados.

Recomendaciones internacionales

El Comité CEDAW solicitó implementar reparaciones integrales para las 22 víctimas, incluidas compensaciones económicas y atención médica y psicológica especializada.

Además, instó a reformar su marco constitucional y legislativo para eliminar la prisión preventiva oficiosa obligatoria, en línea con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo también recomendó revisar las medidas cautelares de las mujeres afectadas desde una perspectiva de género, tomando en cuenta responsabilidades de cuidado y condiciones familiares, con el objetivo de sustituir la prisión preventiva por alternativas no privativas de libertad cuando sea posible.

Asimismo, pidió adoptar medidas urgentes para reducir los daños causados por la detención prolongada, incluyendo traslados a centros penitenciarios más cercanos a sus familias, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

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