Vinculan a proceso a persona que transportaba mercurio asegurado en Querétaro
El decomiso ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro localizaron 497.8 kilogramos de mercurio distribuidos en 18 contenedores metálicos.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), obtuvo la vinculación a proceso de la persona que presuntamente transportaba 497.8 kilogramos de mercurio en el estado de Querétaro, un caso que las autoridades consideran relevante en la estrategia para combatir los delitos ambientales y el tráfico ilegal de sustancias peligrosas.
La resolución fue emitida el 8 de julio, como parte de la investigación iniciada tras el aseguramiento de la carga realizado el 28 de mayo de 2025.
De acuerdo con información oficial, el decomiso ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro localizaron 497.8 kilogramos de mercurio distribuidos en 18 contenedores metálicos, los cuales eran transportados en una camioneta tipo pick up.
Las autoridades señalaron que la sustancia era trasladada sin cumplir con las medidas de seguridad exigidas para el manejo de materiales peligrosos, situación que representaba un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud pública.
El operativo formó parte de una estrategia conjunta entre la Profepa y la FGR para reforzar las acciones contra el comercio y transporte ilícito de mercurio, un metal altamente tóxico cuyo manejo está regulado por la legislación mexicana y por acuerdos internacionales debido a sus efectos contaminantes.
Peritajes de Profepa
Como parte de la integración de la carpeta de investigación, la Profepa en Querétaro aportó dictámenes técnicos, informes especializados y opiniones jurídicas que permitieron acreditar tanto la peligrosidad del mercurio asegurado como el riesgo ambiental derivado de su transporte en condiciones irregulares.
Con base en esos elementos de prueba, un Juez de Control determinó vincular a proceso a la persona imputada por su probable responsabilidad en un delito contra el medio ambiente, previsto en el artículo 414, párrafos primero y segundo, del Código Penal Federal.
Como parte de la resolución judicial, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el 8 de septiembre de 2026.
Durante este lapso, el Ministerio Público Federal podrá continuar con la recopilación de pruebas y el desarrollo de diligencias para fortalecer el caso.
Las autoridades federales destacaron que este resultado es producto de la coordinación institucional entre la Profepa y la FGR, cuyo objetivo es impedir el transporte y comercio ilegal de sustancias peligrosas que puedan poner en riesgo los ecosistemas y la salud de la población.