1. Vía legal. El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, llevó a tribunales las muertes de connacionales bajo custodia del ICE. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, presentó denuncias ante el Departamento de Justicia de EU, fiscalías estatales y notificó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, mientras prepara acciones civiles contra centros de detención. El paso eleva el tono de la respuesta diplomática. Ahora la expectativa ya no está en los comunicados, sino en que las investigaciones avancen y se proteja la vida de los migrantes mexicanos. Es ahora o nunca.
2. Presente. Ricardo Monreal volvió a ser el primero en responder al llamado presidencial. Minutos después de que Claudia Sheinbaum convocara a cerrar filas en defensa de los connacionales en EU, el coordinador de Morena en San Lázaro refrendó su respaldo a la estrategia jurídica del Ejecutivo frente a los procedimientos del ICE y los asesinatos de migrantes mexicanos. Pero fue más allá y anunció que la mayoría legislativa acudirá a la ONU, a la Corte IDH y a otros organismos internacionales, incluida La Haya. El respaldo es total, como lo merecen los familiares de las víctimas. Postura ejemplar.
3. Cambio de opinión. Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, dejará la prisión y continuará en libertad el proceso que enfrenta por presunta violencia familiar. La decisión judicial modifica las medidas cautelares, pero no extingue la causa penal. Mientras la audiencia para analizar una eventual suspensión condicional del proceso fue aplazada por la ausencia de la víctima, el caso recuerda que el debido proceso exige equilibrio entre los derechos del imputado y la protección de quien denuncia. La justicia deberá demostrar que no hay un cambio de criterio sobre el fondo del asunto. ¿Todo el peso de la ley?
4. Cloaca. Ocho detenidos por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán representan un avance, pero no una conclusión. En Veracruz, gobernado por Rocío Nahle, la exigencia no se limita a capturar presuntos responsables, sino a esclarecer quién ordenó el crimen y si existieron redes de protección o intereses políticos detrás del ataque. Omar García Harfuch promete agotar todas las líneas de investigación y evitar la impunidad, es decir, vienen sentencias firmes. Porque cuando asesinan a un periodista, lo que está bajo ataque no es sólo una persona, sino el derecho de la sociedad a estar informada. Eso multiplica el dolor.
5. Que lo explique. La suspensión otorgada por la ministra María Estela Ríos para frenar el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y la política. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó adelantar una postura de fondo y pidió que sea la propia ministra quien explique los criterios jurídicos de su decisión. Más que un diferendo institucional, el caso pone a prueba la obligación de las resoluciones judiciales de estar plenamente motivadas, especialmente cuando detienen procesos de alta relevancia política. Lección: juzgar no es un juego.