Vapeadores dejan a cárteles 20 mil mdp; ganancias financian armas, vehículos...

El mercado ilícito de tabaco y vapeadores, controlado por siete cárteles, genera ganancias anuales de entre 15 y 20 mil millones de pesos, que se suman a los ingresos que obtienen por extorsión, de acuerdo con el estudio Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado.

En el informe, presentado ayer por la organización Defensorxs, se establece que las autoridades no cuentan con metodologías claras para combatir esas actividades ilegales, una de ellas, el uso de vapeadores, prohibida constitucionalmente.

En la penumbra de la industria formal del tabaco florece un mercado paralelo que sirve de caja mediana para el crimen organizado. Según los cálculos realizados por este informe, el mercado ilícito de tabaco vale entre 15 y 20 mil millones de pesos al año.

Un monto que no pasa por las tesorerías nacionales ni por los registros estatales, engrasa los engranajes de organizaciones criminales que descubrieron que el cigarro de contrabando ofrece dinero, poder y control”, se indica en el estudio.

Presentaron el informe, el presidente de la organización Defensorxs, Miguel Meza; Roberto Peña, director del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, y Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa.

En la investigación, realizada por Roberto Balmen, se explicó que las siete organizaciones criminales involucradas en el tráfico de tabaco y vapeadores son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

La prohibición del vapeo impulsa actividades criminales. Debido a la política prohibicionista, en lugar de regular, el vapeador se ha convertido en un producto más del crimen organizado.

Con su comercialización, grupos criminales obtienen una ‘caja chica’, que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer otros delitos”, se detalla en la investigación.

Tenemos una política de seguridad que no combate de manera estratégica al crimen organizado, una política de seguridad que está hiperfocalizando sus esfuerzos en los narcóticos tradicionales, pero desprotege otros mercados ilícitos que están proliferando.

Una política de seguridad que es nacional, generalizada, que no atiende realidades diversas, lo largo de 20 años hemos tenido estos fallos que, ciertamente se exacerbaron en el último sexenio, y los recibió, por herencia, la presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó Vargas, de México Evalúa.

ALCANCES

El mercado ilícito de tabaco y vapeadores genera ganancias anuales de entre 15 y 20 mil millones de pesos para el crimen organizado.

La política prohibicionista, en lugar de regular, ha provocado que el vapeador se convierta en un producto clave del crimen organizado.

El mercado está controlado por siete cárteles del crimen organizado.

Las ganancias de este comercio ilícito actúan como una “caja chica” que financia armas, municiones, vehículos y equipo de telecomunicación utilizados para cometer otros crímenes.

Las organizaciones involucradas incluyen a los cárteles Jalisco, Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito.

Autoridades carecen de metodologías claras para combatir estas actividades, mostrando una política de seguridad que se hiperfocaliza en narcótico, pero desprotege mercados ilícitos en proliferación.

DIPUTADOS AVALAN PROHIBICIÓN

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley General de Salud para prohibir por completo la venta, distribución y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores.

El proyecto, derivado de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, crea un nuevo capítulo en la ley para establecer la prohibición absoluta de obtener, fabricar, importar, exportar, almacenar o vender estos dispositivos, así como de realizar cualquier tipo de publicidad relacionada.

También incorpora sanciones penales que van de 1 a 8 años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta 2 mil UMAs para quienes incumplan la norma. El dictamen señala que los vapeadores representan un riesgo sanitario emergente, especialmente para adolescentes, y que su comercialización ha ocurrido sin control.

-Alejandrina Franco

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cva