La presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado de nuevo pleito con Estados Unidos, cuidándose, en su narrativa antiyanqui, de no tocar a Donald Trump, como si éste no fuera el autor de la políticas de seguridad frente a México. En particular, tenemos el caso de la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, exgobernador con licencia de Sinaloa. Sheinbaum se ha empeñado en protegerlo y se ha negado a seguir el protocolo del Acuerdo de Extradición que firmamos hace años con Estados Unidos y a detenerlo preventivamente con miras a llevar a cabo un juicio de extradición contra él, el senador Insunza y el coro de colaboradores durante su gobierno. Lo tiene escondido en un rancho de Guamúchil, Sinaloa, protegido por la policía estatal y el ejército. No obstante, nueva información que nos aporta Raymundo Rivapalacio en El Financiero habla de que “ha trascendido en la Secretaría de la Defensa que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado” (El Financiero, 9 de julio de 2026). Ahí está resguardado, con el fin de evitar que los enemigos de ambos bandos (Los Chapitos y los narcopolíticos asociados al Cártel de Sinaloa) lo maten para que no hable. Aunque Rocha Moya declaró el viernes pasado que no se ha movido de su casa en Culiacán. La 4T está alarmada por la versión que habla de la protección que tiene de los cuerpos de seguridad.
En todo caso, la explicación para no detenerlo y extraditarlo, que ni siquiera es argumento, es que EU no ha presentado pruebas en contra del narcopolítico. Según el Acuerdo de marras, los sujetos están comprometidos a presentar pruebas en el curso de los sesenta días siguientes al inicio del juicio. Eso no ha sucedido porque México se ha negado a aceptar los términos de este acuerdo y se ha apertrechado en una actitud defensiva, de negación, frente a las presiones de la Fiscalía sur del estado de Nueva York, que parece que tiene en la mira a otros personajes más de los políticos de Morena que estarían involucrados con el cártel de Sinaloa. Y esta es precisamente la duda: ¿la Presidenta protege a Rocha Moya porque Estados Unidos se ha debilitado en el planteamiento del caso o porque proceder con la detención y extradición del gobernador en desgracia implicaría que éste delatara directamente el involucramiento del expresidente mexicano en la asociación con el Cártel de Sinaloa? Ésta es la sospecha que pesa entre amplios sectores de la sociedad mexicana y en los ámbitos de la política de seguridad de EU, en particular aquellos que se relacionan con México y con el hemisferio occidental.
Por si fuera poco, la Presidenta tuvo a bien reavivar el conflicto con Estados Unidos a propósito de la ilegal extracción de Ismael El Mayo Zambada ¡hace dos años!, lo cual lo puso en manos de la justicia estadunidense y va a pagar por sus delitos con cadena perpetua. El gobierno de México no había actuado en contra de El Mayo nunca (en cuatro décadas) y ahora que el FBI, cínicamente, celebrara el aniversario de la extracción, donando la aeronave en que fue transportado, a un museo de Nuevo México, Sheinbaum se lanzó a otro pleito reabriendo una riña con EU que no queda claro a quién va a beneficiar. Su jugada es peligrosa, por decir lo menos y es muy probable que Washington conteste juzgando a más personajes de Morena involucrados en la narcopolítica mexicana, muchos de ellos ya mencionados extraoficialmente. Todo lo cual será devastador para la confianza que ya escasea entre los actores económicos de los cuales depende la inversión y el crecimiento económico de México. La terquedad en mantener la línea dictada desde Palenque, de defender a los narcopolíticos por parte de la Presidenta, está afectando los intereses nacionales de los mexicanos y ha impactado severamente la relación bilateral en temas como T-MEC, cooperación en seguridad y migración, entre otros aspectos de ésta.
Ésta es la mayor crisis vivida en nuestra relación con nuestro principal socio comercial. En el fondo, y en Palacio no lo acaban de comprender, es que nuestros vecinos y probablemente otros actores internacionales, no le tienen confianza a las instituciones estatales de nuestro país, y la defensa de los socios de los cárteles que realiza el Estado mexicano no hace más que profundizar este recelo que está contagiando a muchos que ven con preocupación, cómo Sheinbaum ha optado por la confrontación con nuestros vecinos a través de una política antiestadunidense tan inútil como inefectiva para los propósitos de la política de EU de México. La necedad del enredo soberanista en que se ha situado el gobierno de México pone en mayor peligro la soberanía democrática mexicana, al tratarse, en los hechos, de una protección al crimen organizado, a través de la protección de sus socios y secuaces más conspicuos en el ámbito de la política. Eso es lo que hace Sheinbaum en este pleito vergonzoso con EU: no hay una política de Estado (porque no hay estadista) frente a Washington y en consecuencia frente a todos los mexicanos que padecemos las ocurrencias de la Presidenta y de sus subordinados extremistas. Todos cayeron en el garlito del infumable de Trump y vamos a seguir pagando las consecuencias.