UNPF respalda freno a celulares en aulas, pero advierte falta de consulta a los padres

El organismo cuestionó que las familias no fueran escuchadas de manera estructurada en la elaboración del Acuerdo 09/09/26, el cual entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026.

Padres de familia externan su apoyo para que el sistema de Escuelas de Tiempo Completo pueda reincorporarse, sin embargo, están resignados a lo que las autoridades determinen.
La UNPF calificó como insuficiente el acuerdo que regula el uso de celulares en escuelas si no se involucra a los padres de familia ni se atiende el problema educativo de fondo.Foto: Cuartoscuro

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) consideró que el acuerdo federal que regula el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas representa un “primer paso importante”, pero advirtió que la medida será insuficiente si no se acompaña de una política educativa más amplia y de la participación sistemática de las familias.

En un posicionamiento firmado por su presidente, Israel Sánchez Martínez, la organización cuestionó que los padres de familia no hayan sido escuchados de manera “suficiente ni estructurada” durante la elaboración del Acuerdo 09/09/26, pese a que la consulta nacional y los foros técnicos se concentraron principalmente en personal docente y especialistas.

A juicio de la UNPF, esta ausencia “debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia real”, debido a que el uso de dispositivos digitales no se restringe al horario escolar, sino que continúa en los hogares, las redes sociales y los espacios de ocio.

La organización consideró razonables las disposiciones del acuerdo y señaló que están alineadas con tendencias internacionales y experiencias de algunos estados, pero alertó sobre sus “limitaciones estructurales”.

El acuerdo entra en vigor el 3 de noviembre de 2026 y concede 180 días a las entidades federativas para armonizar sus instrumentos jurídicos.

Sin embargo, la UNPF sostuvo que retirar o restringir los celulares no basta para recuperar la autoridad pedagógica de los docentes ni para atender los problemas de aprendizaje.

“Para fortalecer la autoridad de los docentes, se requiere mucho más que retirar celulares”, señaló, al plantear la necesidad de una normativa integral que defina con claridad limitaciones y responsabilidades, pues de lo contrario, advirtió, podrían mantenerse las mismas condiciones o incluso generarse nuevos conflictos en perjuicio de los profesores.