Cada 21 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Paz. La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y, dos décadas después, en 2001, adquirió un significado más concreto: convertirse en una jornada mundial de cesación del fuego y de no violencia.
45 años después de aquella primera resolución, no es alentadora la situación actual. El informe Alerta 2026! de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona identificó 40 conflictos armados activos durante 2025, la cifra más elevada desde 2011. A ellos se suman más de un centenar de escenarios de tensión sociopolítica. Otros organismos utilizan metodologías distintas y arrojan cifras todavía mayores. El Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza más de 130 conflictos armados en el planeta, más del doble que hace apenas 15 años.
Detrás de cada cifra hay personas. Familias desplazadas, ciudades destruidas, escuelas cerradas, hospitales sin capacidad para atender a la población, economías quebradas y generaciones enteras de niñas y niños que han aprendido a reconocer el sonido de las armas antes que el significado de la palabra paz.
Ucrania, Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar y otros puntos del planeta nos recuerdan que la guerra no pertenece al pasado. Por el contrario, el escenario internacional se ha vuelto más inestable y los conflictos más complejos. Sus causas tampoco pueden reducirse a diferencias ideológicas. Existen disputas territoriales y luchas por el poder político, pero también intereses económicos, competencia por recursos naturales estratégicos, energéticos y minerales, tensiones étnicas, movimientos insurgentes y extremismos violentos. A ello se agregan las nuevas tecnologías aplicadas a la guerra, que han transformado la capacidad destructiva de los enfrentamientos.
Las consecuencias trascienden las fronteras. Los conflictos provocan desplazamientos forzados, crisis alimentarias y humanitarias, pérdida de oportunidades educativas y económicas, retrocesos en derechos humanos y mayores condiciones de vulnerabilidad para millones de personas.
Pero quizá uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo sea otro: el debilitamiento de los mecanismos internacionales creados precisamente para evitar que las controversias terminen resolviéndose mediante las armas.
El derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la diplomacia, la negociación y las instituciones multilaterales surgieron de la dolorosa experiencia de dos guerras mundiales. No fueron creados para tiempos fáciles. Fueron construidos precisamente para establecer límites cuando los intereses de los Estados entran en conflicto.
Hoy esos límites están siendo puestos a prueba. Cuando las resoluciones internacionales se ignoran, cuando las reglas de la guerra dejan de respetarse y cuando el diálogo es sustituido por la fuerza, no solamente pierde una institución internacional: pierde la humanidad.
México tiene una tradición histórica que defender en este terreno. Nuestra política exterior ha sostenido principios como la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.
En un mundo que vuelve a acostumbrarse peligrosamente al lenguaje de las armas, esos principios no son señales de debilidad. Son herramientas de pacificación.
Ninguna disputa territorial, diferencia ideológica, interés económico o ambición política puede colocarse por encima del valor de la vida humana. Los derechos fundamentales no nacen de una concesión del poder: son inherentes a la dignidad de cada persona.
Por eso, el 21 de septiembre no puede reducirse a una efeméride. Debe ser un llamado a recuperar el diálogo, fortalecer la diplomacia y devolver al derecho internacional la fuerza que necesita para cumplir su propósito esencial de preservar la paz. ¿O no, estimado lector?