Tribunal absuelve a 21 indígenas acusados por defender su territorio en Oaxaca

En un acto considerado histórico para las comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio, un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec absolvió a 21 indígenas chontales, mujeres y hombres, acusados de delitos relacionados con la defensa de su playa frente a proyectos inmobiliarios.

La sentencia puso fin a un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que mantenía a los acusados bajo la amenaza de condenas de hasta 15 años de prisión, además de una reparación de daño por 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos.

Los pescadores y sus familias, organizados en la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972, denunciaron que personas ajenas a la comunidad, respaldadas por funcionarios estatales y notarios públicos, intentaron apropiarse de mil 452 hectáreas pertenecientes a 221 familias.

El conflicto se intensificó cuando se enteraron de que empresarios buscaban adueñarse de la playa para destruir manglares y construir edificios y hoteles. Ante esta situación, los habitantes denunciaron públicamente y resistieron, lo que derivó en acciones de criminalización judicial en su contra.

Criminalización por protección de sus tierras

La acusación contra los pescadores fue presentada como parte de un proceso de presión por parte de empresarios que buscaban frenar la defensa comunitaria.

Durante los años que duró el juicio, los acusados enfrentaron la posibilidad de largas condenas y sanciones económicas que ponían en riesgo su libertad y patrimonio. Finalmente, el tribunal resolvió que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones, lo que permitió la absolución de los 21 indígenas chontales.

Aunque la sentencia representa un triunfo para la comunidad, existe la posibilidad de que se presente una impugnación mediante amparo. Los pescadores han advertido que no desistirán de la defensa de sus tierras y que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles para garantizar que las hectáreas en disputa permanezcan bajo control de la comunidad indígena de El Coyul.

Organización comunitaria

La Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, creada en 1972, agrupa a más de dos centenares de familias que han mantenido la posesión y uso de las tierras en disputa. La organización ha sido fundamental para la defensa del territorio, pues ha permitido que las familias actúen de manera conjunta frente a intentos de despojo y frente a proyectos que buscan transformar la zona en espacios turísticos e inmobiliarios.

Los pescadores y sus familias señalaron que, pese a la absolución, se mantendrán vigilantes frente a cualquier intento de vulnerar sus derechos. Pidieron respeto a su labor y a la defensa del territorio, y reiteraron que continuarán denunciando públicamente cualquier acción que busque afectar a la comunidad o a los defensores de la tierra.

¿Qué dice la ley sobre los territorios administrados por comunidades indígenas?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2º, establece que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Reconoce su derecho a la libre determinación y autonomía, lo que incluye la propiedad y posesión de sus tierras y territorios, así como el acceso preferente a los recursos naturales en los lugares que habitan, salvo aquellos que correspondan a áreas estratégicas de la Nación.

Este artículo también obliga al Estado a garantizar el respeto a la integridad de sus tierras y a protegerlos contra el despojo. Además, señala que las comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Legislación secundaria

• Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI): regula la protección de los derechos territoriales y culturales, y establece mecanismos de coordinación con las comunidades para la defensa de sus tierras.
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: aunque centrada en la lengua, refuerza la idea de identidad cultural vinculada al territorio.
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: protege especies y ecosistemas, muchos de ellos en territorios indígenas, lo que indirectamente salvaguarda sus espacios de vida.

México es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como a participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales. También ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que refuerza estos principios en el ámbito internacional.