La Constitución de la 4T

La Constitución de 1917 ya no existe. Los cambios realizados, sobre todo en los dos últimos años, han transformado por completo la letra y el espíritu de la Carta Magna.

Hace exactamente dos años, cuando López Obrador presentó su plan C, escribíamos aquí que “a lo que se aspira es a demoler el sistema político de contrapesos construido durante la larga transición democrática que inició con la reforma de Reyes Heroles en el 79 y tuvo su culminación con el triunfo de López Obrador en el 2018. Desde que asumió, la actual administración ha trabajado constantemente para desmantelarla y regresar al viejo sistema político, el previo a la transición democrática.

“Siempre el objetivo presidencial ha sido una nueva constitución, la ha planteado muchas veces, pero nunca ha alcanzado los consensos mínimos para poder sacarla adelante, pero es lo que sigue proponiendo ahora y pretende hacerlo de facto. Es lo mismo que han intentado hacer y en ocasiones lograron los demás regímenes populistas de izquierda en América Latina: Chávez y Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, impusieron sus constituciones de facto.

“Si el presidente López Obrador logra imponer estas nuevas iniciativas, el sistema político terminará teniendo, definitivamente, el rostro que el lopezobradorismo quiere. Y aunque no lo logre antes de que deje el poder, habrá logrado dos cosas importantes: imponer la agenda, la ruta política del próximo gobierno y terminar de bloquear cualquier intento de Claudia Sheinbaum de deslindarse, aunque sea parcialmente, de su antecesor”.

Eso ya ocurrió. De facto, vía un sistema de sobrerrepresentación abusivo que no refleja los resultados electorales, el gobierno logró plasmar todos los cambios constitucionales necesarios para acabar con ese sistema de contrapesos que se había construido desde 1979. Hoy, la Constitución es otra, no es la de los constituyentes de 1917, es la de la 4T. 

En los dos últimos años, la Constitución ha tenido reformas concentradas, sobre todo, en el control constitucional, el Poder Judicial, los derechos sociales. Frente al texto original de 1917, el vigente es mucho más largo, detallado y cargado de reformas que han transformado el diseño de poderes y ampliado el catálogo de derechos sociales, y ha debilitado los contrapesos. Es un Constitución construida en torno al poder del Ejecutivo, colocado por encima de los otros poderes de la nación.

Entre las reformas más importantes están la de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales: se modificaron los artículos 105 y 107 para establecer que no procede juicio de amparo, controversia constitucional ni acción de inconstitucionalidad contra adiciones o reformas a la propia Constitución, consolidando la idea de “supremacía” de las reformas aprobadas por el procedimiento del artículo 135.

La reforma judicial cambió todo, desde en la forma de designación de ministros, magistrados y jueces, que pasan a ser electos por voto popular, hasta la reducción del número de ministros de la Suprema Corte y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, sustituida por nuevos órganos de administración y disciplina.

En los diez primeros meses de esta administración se aprobaron reformas vinculadas a la justicia, las telecomunicaciones, los derechos sociales, la sustentabilidad y la democracia que, con el argumento de revertir las políticas del periodo “neoliberal”, han concentrado el poder en el Ejecutivo y han quitado todos los contrapesos del mismo.

El cambio respecto a la Constitución de 1917 se da en la forma y en el fondo. La de 1917 está contenida en un texto compacto, con 136 artículos y un catálogo inicial de derechos sociales pionero, pero acotado. Hoy, la Constitución ha sido reformada decenas de veces, es uno de los textos constitucionales más manoseados del mundo; el documento vigente es mucho más extenso y técnico, con numerosos párrafos, fracciones y artículos añadidos que le quitan sentido y lógica al texto constitucional. Es mucho más dogmática e ideológica, e incorpora derechos de todo tipo que, en realidad, tendrían que contemplarse en las leyes, no en el cuerpo constitucional.

La de 1917 contemplaba un diseño clásico de conformación del Poder Judicial, con ministros nombrados por el Ejecutivo con aprobación del Senado. Hoy, la reforma judicial cambió el modelo hacia una elección popular de jueces, magistrados y ministros, reduce el número de ministros de la Corte y elimina el Consejo de la Judicatura Federal, lo que altera profundamente el equilibrio entre independencia judicial y control democrático. Lo hace dependiente del Ejecutivo y del partido en el poder.

Si en 1917 la Carta Magna consolidaba el federalismo y el municipio libre como célula básica de la organización política interna, con relativa autonomía local, hoy, aunque el texto sigue siendo formalmente federal, las reformas han fortalecido competencias federales en seguridad, derechos y regulación económica, entre muchos otros ámbitos.

Dicen que los sistemas que funcionan tienen normas relativamente laxas que se aplican en forma estricta. Los que no funcionan, como el nuestro, expresado en la nueva Constitución de la 4T, tienen normas estrictas que se aplican en forma laxa… y discrecional. Quizá por eso estamos como estamos.