Tras violar sellos de clausura, ordenan suspensión de basurero municipal de Kanasín, Yucatán

Un Tribunal Colegiado con sede en Yucatán ordenó la suspensión provisional del basurero municipal de Kanasín, al considerar que su operación irregular pone en grave riesgo el acuífero que abastece a la Zona Metropolitana de Mérida, tras cinco años de omisiones y falta de vigilancia por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

La resolución deriva de un amparo promovido por habitantes de la región (expediente 2697/2025-V-A), quienes denunciaron que, pese a múltiples irregularidades y a una clausura impuesta por la Profepa en octubre de 2025, el sitio continuó operando con la tolerancia de las autoridades responsables de supervisar y proteger el medio ambiente.

En el análisis del caso, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito señaló que el basurero de Kanasín, funcionaba al margen de la Norma Oficial Mexicana 083 (NOM-083-Semarnat-2003), sin geomembranas impermeables, sistemas de captación y tratamiento de lixiviados, además de que carece de drenaje pluvial y monitoreo del acuífero subterráneo.

A decir del órgano judicial, no se trata de fallas administrativas menores, sino de riesgos estructurales que pueden derivar en una contaminación irreversible de los mantos acuíferos.

La suspensión provisional establece que la falta de control sobre los lixiviados, - jugos tóxicos que produce la basura -, resulta especialmente grave en Yucatán, donde el subsuelo kárstico permite que los contaminantes se desplacen rápidamente a grandes distancias.

“El interés social y público en el amparo ambiental se encuentra en la protección de los acuíferos subterráneos”, subrayó el Tribunal Colegiado.

Basurero de Kanasín y su cercanía con reserva geohidrológica

La ubicación del basurero de Kanasín, agrava el escenario, ya que se encuentra a menos de dos kilómetros de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, principal zona de recarga del acuífero, además de colindar con sitios prioritarios para la conservación como la Reserva Ecológica Cuxtal.

Pese a esta condición de alto riesgo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno permitieron que el basurero operara durante más de cinco años sin autorizaciones ambientales.

El expediente judicial también contempla antecedentes ignorados, como el incendio de 2022, que liberó dioxinas y partículas contaminantes al aire, así como la violación a los sellos de clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ahora con la suspensión provisional concedida en la queja 1/2026, se ordenó hacer efectiva la clausura del basurero, obligando al municipio de Kanasín a buscar alternativas que cumplan con la normatividad vigente para la disposición final de los residuos y poner fin a la falta de supervisión ambiental.

Este caso pone en evidencia que la gestión de residuos en México se ha convertido en uno de los frentes más visibles de la debilidad institucional.

Aunque existen permisos, normas y procedimientos de clausura formales, la realidad es contundente: muchos de los sitios de disposición final funcionan al margen de la ley y continúan operando incluso después de haber sido cerrados por la autoridad.

De acuerdo con cifras oficiales, México genera más de 366.15 millones de toneladas anuales de residuos de todo tipo, desde peligrosos hasta de manejo especial como los electrónicos, llantas y escombros de la construcción.

Una parte importante de estos desechos terminan en rellenos sanitarios que no cumplen con los estándares mínimos ambientales, lo que los convierte, en los hechos, en tiraderos a cielo abierto, altamente contaminantes y que se convierten en un peligro para la salud pública.

vjcm