Tlaxcala cómplice en la crisis de trata de personas

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sigue siendo un foco rojo en Tlaxcala, donde se ha extendido a 40 de los 60 municipios, pese a que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros insiste en afirmar que este delito ya fue erradicado en la entidad.

A tres años de haber puesto en marcha el Programa Estatal contra la Trata de Personas 2022‑2027 —presentado como la gran apuesta para enfrentar este problema—, organizaciones civiles denuncian falta de transparencia, desvío de recursos y ausencia de resultados.

En entrevista para Excélsior, la directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Marisol Flores García, confirmó lo que ya era un secreto a voces: dentro de la administración de Cuéllar Cisneros se desvían programas etiquetados para el combate a la trata de personas hacia otros como la tauromaquia, en lugar de financiar acciones directas de prevención, atención y sanción.

“En 2023, 24 y 25 se aprobó por parte del Congreso del Estado un presupuesto para aterrizar acciones frente a la trata, este presupuesto destinado se ha usado incluso para acciones que nada tienen que ver con la trata. ¿A qué me refiero con esto? Que lo han destinado, por ejemplo, para tauromaquia o turismo; estas no tienen nada que ver con la trata. Eso lo han hecho por tres años consecutivos”.

El plan, aprobado el 25 de agosto de 2022 por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas y publicado en el Periódico Oficial el 8 de septiembre de ese mismo año, buscaba erradicar un delito que lleva más de medio siglo operando en Tlaxcala. Sin embargo, en la práctica, sus objetivos no han pasado del papel.

Municipios como Acuamanala, Apizaco, Axocomanitla, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tequexquitla, Tlaxcala, Xicotzingo y Zacatelco son considerados focos rojos. Allí, los remanentes de organizaciones criminales como “Los Meléndez”, “Los Carreto”, “Los Rojas Romero” y “Los Tenancingo” —la mayoría de cuyos integrantes son familiares— tienen vínculos con funcionarios de la actual administración estatal.

“Las autoridades, tanto a nivel municipal como estatal, hay quienes son funcionarios públicos y están directamente involucrados en la trata. Esos son dos ejemplos que comparto ahora, pero también consideramos importante decir que las autoridades pueden incluso estar siendo partícipes de esta problemática por acción u omisión. Cuando hablamos de omisión nos referimos a que justamente no están aplicando las leyes”, aseguró Flores García.

Las cifras contradicen el discurso oficial. En febrero de 2022, apenas cinco meses después de asumir el cargo, la gobernadora afirmó que la trata había disminuido en un 83 por ciento. En octubre de 2023 declaró que “hoy no es la trata un problema en Tlaxcala”.

No obstante, los datos oficiales muestran otra realidad: de enero de 2021 a junio de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado atendió a 53 víctimas de trata con fines sexuales, originarias de municipios como Chiautempan, Mazatecochco, Papalotla, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Tlaxcala, Tzompantepec y Zacatelco.

En ese mismo periodo se detuvo a 27 tratantes en San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala y Yauhquemehcan; además, se capturó a tratantes provenientes de Puebla y Tabasco que operaban en Tlaxcala.

También, entre 2021 y junio de 2025, en otros estados fueron detenidos 35 tratantes originarios de Tlaxcala vinculados a redes que operan dentro y fuera del país.

La carretera “Vía Corta”, señalada históricamente como corredor de explotación sexual, ha visto crecer la presencia de mujeres jóvenes en situación de explotación, sin que las autoridades estatales tomen medidas efectivas.

El Informe 2024 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a ubicar a Tlaxcala como uno de los tres estados con mayor prevalencia de trata en México, destacando cómo las redes tlaxcaltecas “seducen a niñas de la comunidad y luego las explotan sexualmente en México o Estados Unidos”.

En la sesión del Consejo Estatal contra la Trata del 19 de junio de 2025 se reveló que la Secretaría de Educación Pública estatal apenas instaló en marzo de 2025 su Comité Educativo para la Prevención contra la Trata, sin avances relevantes.

“El libro Apuntes para prevenir la trata de personas, anunciado desde 2024, sigue sin publicarse y además recibe críticas de fondo: no cuestiona las masculinidades violentas ni plantea cambios de conducta reales”.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres no ha diseñado un modelo preventivo basado en la experiencia de mujeres que lograron salir de la prostitución, y el Tribunal Superior de Justicia carece de protocolos de atención a víctimas y de un programa permanente de capacitación para jueces y operadores judiciales.

Ante este panorama, el Centro Fray Julián Garcés y más de veinte organizaciones exigen al gobierno estatal cumplir con la aplicación integral del Programa 2022‑2027 y garantizar un presupuesto exclusivo para combatir la trata de mujeres y niñas.

La realidad no se puede ocultar: Tlaxcala sigue siendo un semillero de tratantes, que se ha expandido en 40 de los 60 municipios de la entidad, formando un corredor de explotación sexual y un punto crítico en informes internacionales. Aun así, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sigue negando el delito, considerándolo inexistente si no lo ve.

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