Suspenden a magistradas de Tamaulipas por amparo que favoreció a exgobernador Eugenio Hernández

El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió de sus funciones y mantiene bajo investigación a dos magistradas del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, señaladas por otorgar un amparo al exgobernador Eugenio Hernández Flores para impedir su extradición a Estados Unidos.

El gobierno de ese país lo requiere para ser juzgado en una corte del sur de Texas por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de negocios de envío de dinero sin licencia.

Aunque el órgano disciplinario no reveló los nombres de las implicadas, se confirmó que se trata de Lourdes Guadalupe Ávila Tovar y Dulce Janeth Vega Camacho, quienes fueron electas como parte de la reforma judicial de 2025.

Hernández Flores fue detenido en octubre de 2017 en Tamaulipas por diversas acusaciones. Al conocer su captura, las autoridades de Estados Unidos solicitaron formalmente su extradición, y en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México concedió el traslado.

Mientras el proceso de extradición avanzaba, el exmandatario enfrentó otros procesos penales en territorio tamaulipeco.

En agosto de 2023 obtuvo su libertad y quedó a disposición de las autoridades para resolver el procedimiento de extradición.

En el mismo año 2018, Hernández promovió un amparo contra la extradición, pero un juez de distrito se lo negó.

En noviembre de ese año impugnó la sentencia ante un tribunal colegiado de circuito. Paralelamente, presentó un mecanismo procesal para que el presidente de dicho tribunal se abstuviera de conocer el caso. Lo que no esperaba el quejoso era que el magistrado, a su vez, presentara una excusa legal para separarse del asunto.

El caso permaneció sin avances durante siete años, hasta que a principios de diciembre de 2025 las magistradas hoy suspendidas resolvieron el incidente de recusación y excusa.

En su fallo, concedieron el amparo al exgobernador, con lo que frenaron su entrega a la justicia estadounidense.

En la resolución, argumentaron que la cancillería mexicana no había tomado en cuenta la opinión jurídica de un juez.

Ante lo que consideraron una actuación irregular, un agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República, presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se investigara el caso.

Concluidas las indagatorias preliminares, el tribunal determinó que las magistradas actuaron en contra de los criterios establecidos, ya que la decisión sobre la extradición de una persona es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, por tratarse de un acto que involucra las relaciones con otros países y se sustenta en el principio de reciprocidad internacional.

Dicha atribución está reservada a la soberanía nacional y corresponde al Ejecutivo federal, en este caso al presidente de la República.

La comisión consideró que la permanencia de las dos juzgadoras en el Tribunal Colegiado podría generar una grave afectación a la impartición de justicia, al poner en duda el profesionalismo y la imparcialidad en los juicios de amparo de su competencia.

Por ello, se ordenó su suspensión provisional mientras dura la investigación por responsabilidades administrativas.

El órgano disciplinario advirtió que, de comprobarse alguna falta, se aplicarán las sanciones previstas en la ley.

Se atrincheran en sus oficinas

Este miércoles, tras ser notificadas de su separación provisional, las magistradas se atrincheraron en sus oficinas dentro del tribunal federal.

Permanecieron alrededor de tres horas en el inmueble, lo que generó tensión entre el personal administrativo y las autoridades encargadas de ejecutar la medida disciplinaria.

Ante la situación, el Poder Judicial Federal solicitó apoyo de seguridad para garantizar el cumplimiento de la resolución y evitar un conflicto mayor.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y resguardaron la zona mientras las juzgadoras finalmente accedieron a salir del edificio.

RLO