Smurfin y mezcladores, el punto ciego que burla la fiscalización del INE
Mientras la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sigue enfocada en auditar la banca tradicional y el flujo de efectivo, las campañas políticas en México enfrentan una creciente amenaza de financiamiento ilícito a través de tecnologías de cadena
Mientras los mecanismos de auditoría del INE siguen diseñados para vigilar la puerta frontal del sistema bancario tradicional y el dinero en efectivo, las campañas políticas ya se exponen a sofisticadas técnicas de lavado digital.
Herramientas descentralizadas de la cadena de bloques (blockchain) permiten fraccionar capitales ilícitos y diluir el origen de los recursos antes de que se conviertan en propaganda política.
Para los especialistas, la monetización directa disfrazada con criptoactivo para el pago de campañas políticas en redes sociales es una de las principales alertas, destacando el uso de herramientas internas como las estrellas de Facebook, regalos de TikTok o suscripciones de creadores en Instagram. Redes criminales compran estos activos digitales con criptomonedas y los transfieren a perfiles de influencers contratados por partidos políticos.
Los datos no permiten afirmar que estas estrategias se traduzcan directamente en votos. Lo que sí muestran es que TikTok puede funcionar como un canal de visibilización y contacto entre candidatos y ciudadanía, especialmente para actores con menor estructura partidista”, explica Fernanda Sobrino, profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Analistas en ciberseguridad, fiscalistas y expertos en materia electoral advierten que la falta de herramientas de rastreo en la cadena de bloques que se usan para intercambio de criptomonedas como el bitcoin (on-chain) y los vacíos legales vigentes, convierten al financiamiento con estos activos virtuales en la principal amenaza para la integridad de los procesos democráticos en el país.
El director de Acción Ciudadana en El Salvador, Eduardo Escobar, una organización civil que desde la aprobación de la Ley Bitcoin en 2021 en ese país, ha alertado a otras naciones vecinas sobre la problemática de usar monedas digitales en campañas electorales, afirma que las dudas
expresadas por economistas sobre los problemas relacionados a la trazabilidad, el anonimato, licitud y transparencia de las criptomonedas, suponen agregar un riesgo mayor al financiamiento de los partidos políticos.
Se complejiza la verificación del origen lícito de las transacciones hacia los partidos y pueden volverse anónimas las personas que realizan las transferencias. Que las candidaturas no estén obligadas a rendir correctamente cuentas sobre su financiamiento, y que ahora pueden acceder a recursos vía criptomonedas, incrementa exponencialmente el riesgo de financiamiento ilegal de campañas, por la falta de controles y fiscalización”, explica.
Escobar agrega que debe legislarse para que las candidaturas rindan cuentas muy transparentes de sus ingresos y gastos, sean estos realizados en dólares, pesos o criptomonedas, y así reducir el riesgo de financiamiento de campañas con fondos ilegales.
Modus operandi
El modus operandi identificable combina tecnología descentralizada con operaciones tácticas en campo.
De acuerdo con especialistas en prevención de lavado de dinero y ciberseguridad, los principales métodos de ingreso de recursos virtuales a las estructuras partidistas incluyen la llamada Técnica de Smurfing Digital, donde se fraccionan grandes volúmenes de capital ilícito en cientos de microtransacciones de criptomonedas enviadas a billeteras virtuales (wallets) no custodiadas, evitando los umbrales de alerta del sistema financiero.
También existen los Mezcladores (Mixers y Tumblers), que usan protocolos descentralizados para romper el vínculo entre la billetera digital de origen –asociada a actividades delictivas– y la de destino para no dejar rastro. Existen las monedas de Privacidad (Privacy Coins), que migran constantemente hacia activos cuyas cadenas de bloques en internet ocultan por diseño las direcciones de envío, recepción y los montos transaccionados.
Finalmente están las conversiones en Mercado P2P, que son transiciones del activo digital a efectivo no bancarizado mediante intercambios persona a persona o exchanges informales para financiar movilización de votantes y gastos no reportados en estructura de campaña.
Los puntos ciegos
Las capacidades del Estado mexicano para supervisar el flujo de activos virtuales en la contienda electoral presentan severas asimetrías tecnológicas y legales entre sus distintas dependencias, afirman los especialistas.
Por un lado, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mantiene un esquema basado en el monitoreo de bancarización tradicional y facturación ante las autoridades tributarias. Esta aproximación deja un punto ciego ante la falta de capacidades técnicas y software especializado forense para rastrear transacciones en cadena en tiempo real.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera procesa reportes de operaciones de plataformas registradas, pero las operaciones directas entre particulares, las carteras fuera de línea (cold wallets) y las plataformas internacionales operan fuera de su alcance operativo inmediato. A esto se suma que los marcos normativos electorales y la legislación FinTech carecen de una tipificación clara y de sanciones penales específicas para las donaciones electorales no declaradas mediante activos virtuales.
Las señales de alerta han comenzado a encenderse en proveedores de campañas publicitarias digitales que facturan montos millonarios sin infraestructura física proporcional, así como en aportaciones en especie coordinadas desde el extranjero a través de activos digitales”, coinciden los especialistas consultados.
Sin una actualización tecnológica y normativa expedita, la fiscalización electoral en México continuará vigilando la puerta frontal del sistema bancario mientras las arcas de la política se financian por la vía digital.