Criptomonedas amenazan comicios de 2027
Las consejeras Carla Humphrey y Erika Estrada advierten que si el INE fiscaliza el camino a la sucesión política con reglamentos desactualizados abrirá una puerta a la opacidad transfronteriza y al uso de terceros para inyectar recursos digitales, como las criptomonedas, sin dejar rastro
A medida que los aspirantes a las candidaturas para gobernadores en 2027 comienzan a destaparse, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene cada vez menos tiempo para enfrentar un vacío tecnológico y regulatorio por el uso de dinero digital que no deja rastro.
La falta de actualización en los reglamentos de fiscalización y las dificultades inherentes para rastrear transferencias de criptoactivos amenazan con dejar a oscuras el origen real de los recursos que financiarán la promoción digital y las campañas políticas.
Ante esta premisa, la consejera electoral Carla Humphrey reconoce en entrevista con Excélsior que el INE tiene actualmente un ecosistema financiero y tecnológico obsoleto, por lo que urge reformar el reglamento de fiscalización para calificar las elecciones de 2027.
La exfuncionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advierte que existen riesgos de que dinero digital se cuele a las próximas campañas, sin que exista posibilidad de detectar su origen y destino y, lo que es más grave, si tiene una procedencia ilícita.
Lamenta que el tema no se haya atendido con anticipación y confía en que los lineamientos del próximo año sean aprobados y contengan la prohibición de aportaciones mediante “criptoactivos, activos virtuales o mecanismos equivalentes o cualquiera que sea su denominación”.
Aclara que el problema central no es el dinero digital, sino la trazabilidad de los recursos. “El INE debe conocer el origen del recurso, de dónde provino, quién realizó la operación, cuánto valía el activo en pesos, quién recibió el pago y quién obtuvo el beneficio electoral”, aclara.
Y es que apenas en agosto de 2025, Humphrey entregó a sus colegas del INE una reforma al reglamento de fiscalización.
Mi propuesta parte de una premisa: no podemos fiscalizar las elecciones de 2027 con reglas diseñadas para un ecosistema financiero y tecnológico que ya cambió”, sostiene y ejemplifica: “hoy se puede contratar publicidad digital, producción de contenidos, influencers, herramientas de inteligencia artificial (IA) o proveedores incluso ubicados fuera de México y cualquiera de esos servicios técnicamente podría pagarse mediante criptomonedas u otros activos virtuales”.
Nueva reglas
La propuesta que el año pasado formuló para actualizar la fiscalización electoral establece que “los sujetos obligados no podrán recibir aportaciones mediante activos virtuales”.
Propone impedir aportaciones realizadas mediante terminales de punto de venta, sistemas de pago móvil y otros mecanismos electrónicos de transacción en tiempo real, cuando no puedan identificarse con precisión las cuentas de origen, destino y sus titulares.
También detalla que se necesitan reglas claras de valuación porque los activos virtuales pueden presentar variaciones con la UIF, el SAT y la CNBV; y plantea que el INE pueda allegarse de información de organismos internacionales, cuando lo amerite.
—¿Y si los lineamientos no se actualizan?, preguntamos.
(El INE tiene facultades para fiscalizar), el problema es que tendría que ejercerlas con mayores dificultades técnicas, probatorias y jurídicas”.
Igualmente, explica que se necesitan reglas específicas para tener certeza y eficacia para reconstruir operaciones transfronterizas y acreditar al beneficiario final.
“La regulación no debe limitarse a prohibir la recepción directa de criptomonedas, debe abarcar ingresos, aportaciones, gastos, terceros y beneficios”, define.
Y es que puede ocurrir que el activo virtual nunca llegue directamente al partido o a la candidatura, alerta. “Un tercero puede utilizarlo para adquirir un bien o servicio que genere un beneficio electoral”.
Al visibilizar esa posibilidad, la consejera sostiene que ahí radica el mayor riesgo de seguir fiscalizando sin actualizar el reglamento: “Podríamos identificar una campaña digital, determinar cuánto costó y quién se benefició, pero tener mayores dificultades para saber quién puso originalmente el dinero”.
Y enfatiza: “Porque la fiscalización no solamente busca evitar rebases de topes, también debe impedir el ingreso de recursos provenientes de fuentes prohibidas”.
Por eso, subraya, “hacia 2027 necesitamos fortalecer con reglas claras y mejores herramientas de fiscalización, para seguir la trazabilidad de los recursos”.
Precisa la experta que hoy “la tecnología blockchain puede permitir seguir el movimiento de un activo, pero eso no necesariamente permite identificar quién está detrás de la operación ni quién es el verdadero titular de los recursos”.
La consejera electoral explica que, en una misma operación, pueden intervenir distintas plataformas, intermediarios, e incluso personas ubicadas en diferentes países.
El verdadero reto de las criptomonedas
Al igual que Humphrey, la consejera electoral de la CDMX, Erika Estrada Ruiz, alerta sobre el “problema estructural” que rebasa al árbitro electoral: el INE no puede exigir una trazabilidad que el propio sistema económico y financiero global no ofrece.
El mayor riesgo puede estar en operaciones indirectas: promoción realizada por terceros, influencers, servicios digitales o plataformas ubicadas fuera del país, cuyo financiamiento no pase por los circuitos que tradicionalmente proporcionan información al INE”, advierte.
Plantea que, frente a esos escenarios, la autoridad electoral puede prepararse fortaleciendo el análisis de riesgos, los cruces de información y los mecanismos para detectar y valuar estas operaciones.
La exdirectora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE (2015-2020), alerta que existe “un problema estructural” que rebasa a la autoridad electoral. Y explica: “No podemos exigir a la fiscalización electoral una trazabilidad que el propio sistema económico y financiero no siempre proporciona. Por eso, además de fortalecer las capacidades del INE, será necesario discutir mecanismos específicos de cooperación y regulación que permitan conocer el origen, ruta y destino de estos recursos”.
Cuestionada respecto a si existen riesgos de que algunas actividades de las campañas del próximo año sean pagadas con criptomonedas, la exsecretaria técnica de la Secretaría General del Tribunal Electoral de la CDMX responde afirmativamente.
Y explica que “hay que distinguir entre detectar un gasto y conocer de dónde provinieron los recursos para pagarlo”.
Ejemplifica que, en el caso de las redes sociales, cuando la publicidad se contrata desde los perfiles oficiales de una candidatura, existen mecanismos de monitoreo que permiten contrastarla con lo reportado.
El problema aumenta cuando la promoción se realiza mediante terceros: influencers, redes de cuentas, bots o servicios digitales contratados fuera de los perfiles oficiales. Si además el pago se realiza mediante activos virtuales, reconstruir la operación puede ser mucho más complejo”, admite.
Indica que el problema para la fiscalización es que el dinero digital puede estar fuera de los circuitos financieros tradicionales, donde existen instituciones obligadas a proporcionar información a la autoridad electoral.
“El reto es poder reconstruir toda la cadena: quién aportó los recursos, cómo circularon, quién los recibió y en beneficio de qué candidatura fueron utilizados”, define la consejera Estrada Ruiz.
Aclara que el hecho de que un aspecto de la campaña se pague mediante un activo virtual no hace desaparecer el gasto. “La dificultad está en reconstruir la ruta del dinero”, enfatiza.
Explica que una transferencia entre activos virtuales puede dejar un registro, pero eso no significa que el INE pueda identificar automáticamente a las personas detrás de cada operación o que pueda solicitar la información a un posible intermediario fuera del país.
Y define: “El principal desafío no es cómo sancionar un rebase de gasto de campaña, una vez acreditado, sino cómo detectar y acreditar oportunamente los recursos y gastos que pretenden permanecer fuera de la fiscalización”.
Estrada señala que si bien los activos virtuales tienen regulación en México y el INE ya se ha pronunciado al respecto, “para efectos electorales persiste una pregunta fundamental: ¿cómo obtiene la autoridad la información necesaria para reconstruir una operación realizada mediante estos mecanismos?”
“No pueden utilizarse para eludir un tope de gastos”
La consejera electoral Carla Humphrey propuso ante la comisión gubernamental en materia electoral en 2025 una evolución profunda en los mecanismos de fiscalización para identificar con certeza quién financia la política y no sólo cuánto se gasta.
He insistido en que la fiscalización tiene que evolucionar. No basta con saber cuánto se gastó, tenemos que saber también quién aportó ese dinero”, afirma.
Explica que no se parte de cero en este tema, ya que desde 2018 existen antecedentes de investigación de monedas virtuales y, en 2023, la Sala Superior confirmó que nuevas modalidades de actividad política deben estar sujetas a mecanismos efectivos de fiscalización.
Y en 2025, el INE restringió la utilización de activos virtuales para las organizaciones que buscaban constituirse como partidos políticos, “por las dificultades que pueden representar para identificar con certeza el origen de los recursos”, reseña.
Lo que falta es darles coherencia general a esos avances, por lo que yo no hablaría de un vacío de facultades; las tenemos, son constitucionales”.
Y existe, subraya, un marco financiero nacional que regula determinados aspectos de los activos virtuales. “Lo que necesitamos es una regulación electoral más clara, preventiva y tecnológicamente actualizada”.
Sostiene que la tecnología financiera seguirá cambiando. “Lo que no puede cambiar es nuestra obligación de saber quién financia la política”.
Recuerda que México cuenta con regulación para la prevención de lavado, relacionada con activos virtuales. “No son jurídicamente invisibles”. Y que este tema preocupa al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, al que el país pertenece.
Al respecto, habla de sus recomendaciones 15 y 16, referentes a proveedores de servicios que operan con activos virtuales y a la llamada “regla del viajero” que busca identificar origen y destino de transferencias digitales.
Algunos casos
Entre los antecedentes, la consejera recuerda que, en 2018, el INE investigó una moneda virtual denominada AMLOve, solicitando información al Banco de México.
Cita el caso al enfatizar que aun cuando no se actualice el reglamento, un gasto electoral no desaparece porque el proveedor haya recibido Bitcoin, Ethereum u otro activo virtual. Esto cuando se acredita, por ejemplo, que determinada publicidad digital benefició a una candidatura.
Reitera que el INE puede y debe atender este tipo de financiamiento, porque “las criptomonedas no pueden utilizarse para eludir un tope de gastos... deben computarse”, concluye.