Sacerdotes, en la mira del narco: matan a 3 cada año

Hace 100 años, los sacerdotes en México eran asesinados frente a pelotones de ejecución por orden del Estado; hoy, caen en las sombras de las parroquias rurales y ciudades asediadas, víctimas de un verdugo distinto, pero igualmente letal: el crimen organizado.

Durante la Guerra Cristera (1926-1929), ejecutaron a por lo menos 125 sacerdotes en un estallido de violencia religiosa.

Esa realidad se repite en la actualidad, pues entre 1990 y los primeros meses de 2026 se ha reportado el asesinato de aproximadamente 91 curas, un estimado de 2.5 anualmente, cifra que se acerca a la de aquel capitulo histórico que este año cumple un siglo.

De acuerdo con el registro del Centro Católico Multimedial (CCM), en los últimos 36 años han ejecutado a un cardenal, 64 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos y 23 seminaristas y agentes de evangelización.

La frecuencia de estos crímenes dibuja un mapa de la violencia en el país que se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde la cifra alcanzó los 19 sacerdotes asesinados, mientras que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador se contabilizaron 13 casos, manteniendo un promedio que supera los dos clérigos ejecutados por año sólo en la última década.

A diferencia de la “Cristiada”, donde el presidente Plutarco Elías Calles reconoció abiertamente haber mandado fusilar a decenas de clérigos para limitar el poder político de la Iglesia, la violencia actual es, según expertos, una “estrategia de control territorial”.

En entrevista con Excélsior, el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del CCM, aseguró que en la actualidad los prelados son asesinados a manos del crimen organizado, que ha tomado fuerza en el país.

“Hay características que nos señalan eso: detrás del asesinado de un sacerdote hay extorsión, a veces hay tortura, levantamiento, secuestro, obviamente el asesinato y después la difamación”, dijo.

Los crímenes contra religiosos, apuntó Sotelo Aguilar, tienen además una motivación social, ya que buscan que el crimen organizado ocupe estructuras de liderazgo en las comunidades, erradicando a los sacerdotes y los valores de la fe católica, como los mandamientos de “No matarás” o “No robarás”.

“¿Por qué matan a un cura? Un cura en su comunidad parroquial es un estabilizador social. Los curas no sólo ofrecen servicios espirituales, ofrecen ayuda médica, educación, defensa a los derechos humanos, de los derechos indígenas, de los migrantes, comedores comunitarios, en algunos casos hasta bolsas de trabajo”, expuso.

“Todas estas áreas compiten con las actividades del crimen organizado. Entonces, cuando se ataca y cuando se elimina a un cura, se desestabiliza esa comunidad. En muchas comunidades donde han matado un cura, muchas veces los pueblos quedan en la orfandad y a disposición de lo que el crimen organizado empieza a sembrar en aquellas zonas”.

El sacerdote, perteneciente a la congregación de los paulinos, destacó que, de acuerdo con los archivos del CCM, 80% de los crímenes en contra de los religiosos continúa impune.

“No ha habido respuesta de ellos (de los crímenes), no ha habido justicia para más de 80% de los casos de sacerdotes asesinados en el país. Entonces, la impunidad es algo que está ahí muy marcado”, sostuvo.

El Informe del CCM sobre la Incidencia de Violencia en contra de Sacerdotes e Instituciones de la Iglesia Católica en México 2025 apunta a que “no es casual que estos ataques (contra religiosos) ocurran en regiones con alta incidencia delictiva; el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común, ven en las iglesias blancos fáciles.”

“En México, la exacerbación de la violencia alcanza niveles que tocan a todos los sectores. Desde la clase política hasta un ciudadano de a pie, nadie está exento de padecer circunstancias difíciles que dañan o enlutan a la sociedad.

“Uno de esos sectores es la Iglesia católica que ha padecido el dolor por haber perdido, de manera violenta, a casi un centenar de ministros de culto, obispos o sacerdotes, además de laicos”, apunta el estudio.

Sotelo Aguilar dijo a este diario que México no debe normalizar el asesinato de sacerdotes o de cualquier persona, porque ello es terreno fértil para que se extienda la narcocultura y se reclute a los jóvenes.

“Porque la narcocultura ha hecho que los jóvenes vean en el narcotráfico y en el crimen organizado algo aspiracional. Se hacen ver poderosos, con un modelo de vida.

“Y entonces esto sirve como una estrategia para reclutar a los muchachos, el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado se ha levantado de una manera impresionante y tenemos más de 250 mil muchachos expuestos al crimen organizado para ser reclutados y utilizados”, lamentó.

EL MAGNICIDIO DE UN CARDENAL

México vio el 24 de mayo de 1993 como un cardenal, el rango más alto de un prelado católico después del Papa, fue asesinado.

Se trató de Juan Jesús Posadas Ocampo, quien bajo un aparente enfrentamiento de grupos contrarios del narcotráfico, el de los Arellano Félix y el de Joaquín El Chapo Guzmán en el Aeropuerto de Guadalajara, fue ejecutado.

De acuerdo con el documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México (2018), del CCM, se señala que “el crimen más paradigmático, sin lugar a dudas es el del cardenal Posadas Ocampo, magnicidio minimizado por la teoría de la benévola confusión, que culpabilizó al cardenal por estar a la hora y el lugar equivocados”.

Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, había acudido al aeropuerto, con cruz pectoral y alzacuello, para recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigioni, y la versión oficial es que fue confundido en el tiroteo con El Chapo.

En 2018, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, en declaraciones para el documental del CCM, señaló que el asesinato de su antecesor había sido orquestado desde las entrañas del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“El forense dijo: ‘No señores, esto no es confusión, ni fuego cruzado, es directísimo. Al cardenal lo mataron del gobierno, de los estratos superiores del gobierno. La mano inmediata fue León Aragón, jefe de la Policía Judicial Federal y su policía. Y quien mandaba’”, aseguró Sandoval Iñíguez.

En el relato del documental, dirigido por el sacerdote Omar Sotelo, se da testimonio que 14 días antes del asesinato, el cardenal había acudido a Los Pinos a denunciar la protección desde el gobierno de cárteles, por lo que fue conducido a dejar la casa presidencial.

“El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo sigue impune hasta la fecha, es un monumento a la impunidad, a la corrupción, el asesinato del cardenal, porque no hubo ningún detenido, no hay ningún detenido y el caso sigue abierto hasta hoy”, relató a Excélsior.

Pero, no sólo sacerdotes han sido víctimas del crimen organizado, también se contabiliza años antes el asesinato de una monja.

En marzo de 1987 ocurrió el crimen de la religiosa colombiana Luz Marina Valencia Treviño, de la congregación Misioneras de la Inmaculada Concepción, quien dedicó su actividad pastoral a la defensa de las mujeres indígenas en Guerrero.

SIN TREGUA

En el sexenio de Peña Nieto, se contabilizaron 19 sacerdotes asesinados, dos desaparecidos, un seminarista muerto, cinco laicos fallecidos, dos secuestros frustrados y dos atentados contra sacerdotes, que están con vida.

Mientras que en el de López Obrador se contabilizaron decenas de casos violentos contra obispos, sacerdotes y laicos, así como 13 sacerdotes y un seminarista asesinados y siete obispos violentados.   

CRISTIADA

Hace un siglo, durante la Guerra Cristera, según el registro del historiador Jean Meyer en su libro La Cristiada, fueron contabilizados 125 asesinatos de sacerdotes.

En 1928, Calles reconoció con el rotativo inglés Daily Exprés, que él había mandado fusilar 50 sacerdotes, durante la Guerra Cristera, en la cual, según historiadores, habrían perdido la vida cerca de 300 mil personas, principalmente católicos sublevados contra el gobierno.

La Guerra Cristera tuvo como detonante la Ley Calles, promulgada en 1926, la cual buscaba hacer efectivos los artículos de la Constitución de 1917, que acotaban el actuar público y político de la Iglesia católica.

Las nuevas leyes prohibían las congregaciones religiosas, restringían el culto público y también que los sacerdotes católicos usaran vestimenta religiosa afuera de los templos, a la vez mermaba sus derechos políticos.

En 1926 iniciaría el cierre de las iglesias católicas y las misas se oficiarían en casas cerradas bajo llave, mientras que los cristeros reunían armas para alzarse contra el gobierno de Calles.

De 1926 a 1928 escalaría el conflicto, con el enfrentamiento armado entre cristeros y el ejército callista, por lo que los cuerpos inertes de los sublevados serían colgados en postes de telégrafo y del cableado eléctrico por los caminos de El Bajío mexicano.