Robo de celular, entre los más frecuentes: IFT; informe al Senado

El robo de teléfonos móviles se consolidó como uno de los más frecuentes, que destaca por su alta prevalencia y por la evolución ascendente que ha mostrado en la última década; en 2013, 41% de los robos fue de un teléfono móvil; en 2020 ascendió a 58% y en 2023 fue de 56.6% en todo el país, aunque el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades federativas donde más se registra este problema.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó a la Comisión Permanente el Informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional, correspondiente al periodo de julio 2024 a junio de 2025, con sus respectivos anexos, que debería ser público, pero que el Senado decidió ocultar y lo retiró de la Gaceta Parlamentaria.

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Sin embargo, Excélsior pudo obtener el documento, elaborado por concesionarios de telefonía como parte de sus obligaciones actuales en materia de colaboración con la justicia, y donde hacen un análisis del fenómeno del robo de teléfonos móviles en el país, así como una comparación de cómo se ha combatido en diversas naciones, dado que se trata de un fenómeno mundial, y retoma experiencias exitosas para sugerir su aplicación en México.

México posee las condiciones tecnológicas,institucionales y de mercado necesarias para avanzar hacia un modelo más eficaz de prevención de robo de celulares. El desafío principal no es técnico, sino de articulación: lograr una colaboración efectiva entre autoridades regulatorias, cuerpos de seguridad,operadores móviles, empresas desarrolladoras y ciudadanía.

Las experiencia internacionales no deben replicarse en forma mecánica, sino interpretarse como referentes para una adaptación contextualizada. En un país marcado por desigualdades tecnológicas y territoriales, diseñar estrategias de seguridad digital con enfoque inclusivo no sólo es una opción, sino una obligación para garantizar el derecho a una conectividad segura”, dice el documento.

Plantea la mejora de la “interoperabilidad de las bases de datos de IMEI, automatizar los procesos de bloqueo, tomando como potencial referente el caso de Brasil, y difundir la existencia de la plataforma operada por el IFT para validar los IMEI antes de adquirir dispositivos de segunda mano.

Se propone, además, establecer un Sistema Nacional de Bloqueo, operado exclusivamente por el Estado mexicano, mediante una plataforma gubernamental. Esta herramienta deberá ser desarrollada, financiada y gestionada por las autoridades responsables en materia de seguridad pública y telecomunicaciones, garantizando que no se impongan cargas técnicas, operativas ni económicas al sector privado”, dice en la parte de Propuestas de Acción Intitucional.

Incluye la existencia de “canales anónimos de denuncia de mercados ilegales y reforzar la educación digital mediante materiales estandarizados, campañas en redes y alianzas interinstitucionales. Todas las campañas deberán ser diseñadas, financiadas y operadas por las autoridades públicas competentes, sin que su implementación represente una carga para los concesionarios”.

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*mcam