Representantes de BC piden a Segob actuar en contra de la campaña de odio de Jaime Bonilla

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lejos de aprovechar su cargo senador de la República, por el Partido del Trabajo (PT), para legislar en favor de México, está implementando una campaña de odio plagada de denostaciones, descalificaciones con lenguaje impropio y calumnias, en contra del gobierno del estado que ahora es encabezado por Marina del Pilar Ávila.

En dos desplegados firmados, representantes de seis de los siete ayuntamientos de Baja California, así como al menos 15 diputados han solicitado formalmente a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como al Poder Judicial del Estado que evalúen las declaraciones del legislador y determinen si está incurriendo en algún delito estipulado en el código penal.

En los documentos, las autoridades firmantes aseguran que Bonilla está buscando dividir, y por ende causar daño a la sociedad de Baja California, esto luego de que la Suprema Corte echará abajo y declarará inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” con la que buscaba ampliar de dos a cinco años su mandato en el estado.

En el desplegado firmado por los seis alcaldes, a excepción de Edgar Darío Benítez del municipio de Tecate, se asegura que las autoridades vigentes han “asumido un compromiso permanente de fomentar y fortalecer los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Sin embargo, Jaime Bonilla “desde su nombramiento y a través del ejercicio denominado “Jornadas por la paz”, ha atentado contra la unidad de nuestro movimiento, por medio de calumnias, descalificaciones personales y ultrajes a la autoridad acerca del trabajo del gobierno del estado y gobiernos municipales, fomentando discursos de odio y expresiones que además de atentar contra el principio de dignidad humana incitan a la desinformación y promueven la violencia política”.

En su mensaje los 15 diputados estatales consideraron que estas acciones también son consideradas como violencia de género, que vulneran el principio de dignidad humana y obstaculizan el trabajo de la Cuarta Transformación.

Por ello, los representantes populares han solicitado a la Segob que en ámbito de sus facultades legales analice y determine si las expresiones hechas “a través de redes públicas y radiodifusión propiedad de la nación, concesionados y operados por el C. Jaime Bonilla han incumplido con la normatividad vigente y pueden ser sujetas a una revocación”.

Del mismo modo solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California analizar y determine si los dichos del mencionado sujeto violan el código penal estado, y que de haber delito oficioso se actúa en consecuencia.

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jcp