Presupuesto ambiental sube 8.65% en 2027, pero gasto operativo sigue rezagado

El sector ambiental recibirá 49 mil 508.3 mdp en 2027; cuatro de cada cinco pesos los ejercerá Conagua para infraestructura hídrica.

El presupuesto operativo del sector crecerá 18%, mientras que la inversión física apenas aumentará un 2.9%.
El presupuesto operativo del sector crecerá 18%, mientras que la inversión física apenas aumentará un 2.9%.IA

El incremento de 8.65 por ciento para Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Propuesta de Presupuesto de Egresos 2027 (PPEF), con respecto a 2026, y que suma un total de 49 mil 508.3 millones de pesos, se concentra en gasto corriente, mientras que cuatro de cada cinco pesos de los recursos totales del sector serán ejercidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), principalmente en infraestructura hídrica.

El gasto corriente del sector crecerá 18 por ciento, al pasar de 17 mil 345.7 millones a 20 mil 458.9 millones de pesos, mientras que la inversión física aumentará apenas 2.9 por ciento, de 28 mil 218.4 millones a 29 mil 049.4 millones de pesos.

De acuerdo con el documento presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Conagua tendrá el próximo año un aumento de dos mil 108.3 millones de pesos, que equivale a 5.6 por ciento más recursos (39 mil 797.4 millones de pesos).

Con esta bolsa, la Comisión Nacional del Agua realizará acciones de infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones, en el marco del "Programa Nacional de Tecnificación del Riego"; la rehabilitación de la Presa Endhó, la restauración del Río Atoyac, la construcción de la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, la Presa Tunal II, la Presa Mujer Solteca, proyectos dentro de la estrategia “Acapulco Se Transforma Contigo” e inversiones en el Sistema Cutzamala.

Cabeza del sector

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contará con tres mil 512 millones de pesos, que representan un incremento de 56.1 por ciento y que equivalen a mil 261.6 millones de pesos más que en 2026.

De esta cifra, 50.3 por ciento se destinará a servicios personales y 34.3 por ciento a gasto de operación, rubro que aumenta más de ocho veces respecto a este año, mientras que solo 13.7 por ciento corresponderá a inversión física, que disminuye 19.4 por ciento.

A la Coordinación General de Comunicación Social se destinan 48 millones 371 mil pesos, cifra superior a la que se otorga a 29 de las 31 Oficinas de Representación en los estados.

Inspección y vigilancia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contará con 981.3 millones de pesos, que representan 18.6 por ciento más de presupuesto, aunque su gasto de operación baja de 97.1 millones de pesos a 95.3 millones de pesos (1.8 por ciento).

Entre las encomiendas que tendrá la Profepa para el próximo año, con menos recursos para gasto de operación, se encuentran la reducción de 300 mil toneladas de emisiones de CO2e en empresas incorporadas al Programa Nacional de Auditoría Ambiental y la disminución del riesgo ambiental asociado al comercio exterior, mediante el cumplimiento de la normatividad en 95 por ciento de las operaciones verificadas de mercancías sujetas a regulación ambiental.

También deberá lograr el cumplimiento de 50 por ciento de las medidas correctivas impuestas a fuentes de contaminación de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula; realizar acciones de inspección, recorridos de vigilancia y operativos en 120 Áreas Naturales Protegidas, y emitir medidas de reparación del daño en cinco por ciento de las resoluciones a nivel nacional.

Además, contempla contactar a 17 mil 280 personas mediante acciones de difusión y participación ciudadana y obtener 180 sentencias favorables notificadas en juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

IA

Áreas Naturales Protegidas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dispondrá de mil 590.8 millones de pesos, que equivalen a un alza de 88.5 millones de pesos (5.9 por ciento en términos nominales y de 2.6 por ciento, una vez descontada la inflación).

El aumento de recursos contrasta con una reducción de 6.9 por ciento en la meta de Áreas Naturales Protegidas donde se realizarán acciones de conservación, al pasar de 232 en 2026 a 216 en 2027.

También disminuyen de 720 a 697 las localidades atendidas mediante acciones de conservación y manejo sostenible; de nueve mil 300 a ocho mil 704 hectáreas la superficie con restauración ecológica, y de 11 mil 900 a nueve mil 490 las personas beneficiadas mediante proyectos y actividades productivas sostenibles.

En cambio, aumentan de 85 a 95 las especies prioritarias con acciones para su recuperación y de 1.7 a 1.9 millones de hectáreas la superficie de Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y monitoreo comunitario.

De acuerdo con Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), el presupuesto disponible por hectárea de área natural protegida sigue en niveles críticos: 16.2 pesos anuales.

“Aunque esta cifra es superior a los 10.22 pesos propuestos en 2025, es 80 por ciento inferior al promedio ejercido en el sexenio 2006-2012, lo que evidencia que el Estado Mexicano no ha logrado sostener un presupuesto suficiente y progresivo para garantizar el manejo y conservación de nuestro patrimonio natural. Es un avance, pero falta mucho. Las autoridades reconocen la brecha, pero los datos muestran que se profundiza”, subrayó.

NOSSA agregó que la operación de las Áreas Naturales Protegidas se sostiene con una inversión mínima en un contexto crítico.

“Según información oficial en 2025, un único guardaparque era responsable de vigilar 714 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar; uno más, 2.52 millones de hectáreas de Valle de los Cirios; y otro se hacía cargo, solo, de más de 5.75 millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. (Solicitud de acceso a la información folio 340008300001326). Estos ejemplos ilustran la precariedad institucional que enfrenta la conservación en el país”, manifestó.

Bosques

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibirá dos mil 781 millones de pesos, 7.4 por ciento más que en 2026, equivalente a 191.8 millones de pesos.

Con estos recursos, que solo representan el 5.6 por ciento del presupuesto total del sector, la Conafor tiene la misión de incorporar 200 mil hectáreas de superficie forestal al pago por servicios ambientales; realizar el monitoreo terrestre en 500 mil hectáreas para la identificación de plagas y enfermedades forestales; capacitar a nueve mil 400 personas con talleres o pláticas de prevención de incendios forestales, y seis mil 600 personas en actividades de manejo del fuego.

Además, debe otorgar incentivos económicos en apoyo a 500 mil hectáreas para ser incorporadas al Ordenamiento Territorial Comunitario, así como al fortalecimiento de la gobernanza y capacidades de gestión de mil 200 ejidos y comunidades; la incorporación de 900 mil hectáreas al manejo forestal sustentable; 60 mil hectáreas con prácticas de manejo forestal; 450 mil hectáreas para la certificación de buen manejo forestal; 109 núcleos agrarios y empresas forestales comunitarias con proyectos productivos para su fortalecimiento empresarial, y 60 con proyectos para el abasto y la industrialización forestal.

A estas responsabilidades se suman el apoyo a 55 grupos de mujeres y juventudes con proyectos forestales; 517 talleres de capacitación para el desarrollo forestal sustentable y 440 acciones de divulgación de tecnologías y la cultura forestal; 21 proyectos de transferencia de tecnología, y entregar incentivos a los Centros de Educación y Capacitación Forestal y a proyectos de restauración forestal en mil hectáreas.

Cambio climático

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) recibirá 198.2 millones de pesos, contra 159.3 millones aprobados en 2026, un incremento de 24.4 por ciento.

A pesar del aumento, el organismo encargado de generar conocimiento científico para la política climática federal dispondrá de apenas 0.4 por ciento del presupuesto total del Ramo 16.

Entre sus tareas para 2027 se encuentran la realización de seis estudios e investigaciones para atender temas prioritarios para la adaptación al cambio climático, la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, sobre contaminación y salud ambiental, sustancias químicas y residuos.

Asimismo, el desarrollo de la Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, la emisión de 100 opiniones técnicas a instituciones del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores de los tres órdenes de gobierno; el fortalecimiento de 27 procesos estratégicos nacionales e internacionales para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de instrumentos de planeación y de política, legislativos, normativos y de investigación, entre otros.

Tecnología del agua

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) contará con 237.2 millones de pesos para 2027, 44.4 millones de pesos más, que representan 23 por ciento de aumento nominal.

El IMTA deberá desarrollar 58 proyectos de investigación, ocho más que los 50 programados para este año, y de ellos, 30 serán proyectos internos financiados con recursos fiscales y 28 proyectos contratados que permitirán generar ingresos propios.

Además, deberá aportar conocimiento científico y tecnológico en la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país, Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, y en la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios.

Sector hidrocarburos

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) elevará su presupuesto 16 por ciento, al pasar de 353.5 millones de pesos a 409.9 millones de pesos.

Para 2027, la ASEA se propone ejecutar 100 por ciento de su Programa Anual de Inspección, Supervisión, Vigilancia y Verificación, pero al mismo tiempo plantea cerrar o resolver solo 45.45 por ciento de los actos administrativos de inspección y verificación y lograr el cobro de 59.38 por ciento de las multas.

Lo anterior representa una disminución en sus metas respecto a 2026, cuando se planteaba cerrar o resolver 77.79 por ciento de los actos administrativos de inspección y verificación y lograr el cobro de 60.43 por ciento de las multas impuestas.