Preocupan focos rojos en campañas

Hoy arrancan las campañas para cargos federales, Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, por lo que miles de candidatos saldrán a posicionar su propuesta electoral, algunos con mayor riesgo de amenazas a su propia vida e integridad debido a la escalada violencia que se vive en algunas regiones del país.

Si bien estas candidaturas tocarán puntos peligrosos, quienes más corren riesgos son las y los aspirantes municipales, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, de acuerdo con las estadísticas de años electorales previos.

Sin embargo, en los dos meses que han corrido de 2024, lideran la tabla Michoacán, Guerrero y Morelos, con tres casos cada uno.

Excélsior elaboró el mapa de riesgos, a falta de uno realizado por autoridades responsables de la seguridad pública, tomando las estadísticas de asesinatos, atentados con armas de fuego, ataques diversos, secuestros, desapariciones y amenazas que sufrieron 249 precandidatos, candidatos y sus familiares, colaboradores de campaña, promotores del voto de partidos y funcionarios del INE en los años 2018, 2021 y lo que va de 2024, años con elecciones federales.

Faltaría que autoridades competentes en materia de seguridad mostraran la prospectiva para 2024, considerando las actualizaciones en el crecimiento y desarrollo de grupos delincuenciales y sus probables conductas encaminadas a intentar influir en los procesos electorales.

El mapa muestra que el mayor nivel de riesgo se encuentra en el centro de la República Mexicana bajando un poco hacia el sur y algunos puntos salpicados de riesgo en la parte norte del país.

Tan sólo en los procesos electorales de 2018, 2021 y lo que va de 2024 se han registrado asesinatos, atentados, secuestros, amenazas en contra de 249 personas involucradas en los comicios, la mayoría precandidatos y candidatos, según lo consultado en la base de datos que presentó Data Cívica en el trabajo titulado Votar entre balas.

Para 2024 agregamos los asesinatos de dos candidatos en Maravatío, Michoacán, el pasado 26 de febrero, y el de un candidato en San Fernando, Chiapas, el 28 de febrero.

De las 249 personas relacionadas con campañas, 99 fueron asesinadas (39.8%), 82 sufrieron un atentado y/o ataque armado (32.9%), 46 fueron amenazados de distintas formas (18.5%), 19 secuestradas (7.6%) y tres desaparecidas (1.2%).

Para este mapa excluimos a los funcionarios públicos ya en el cargo que sufrieron violencia en esos años, atentados contra inmuebles y personal de partidos en general, pero sí incluimos los datos de militantes o dirigentes partidistas que sufrieron algún tipo de violencia durante sus trabajos de campaña.

Sólo de precandidatos, candidatos, excandidatos y funcionarios electos se registraron, en esos tres periodos, 183 incidentes de violencia, es decir, 73% de los ataques fueron directamente contra este tipo de contendientes.

El 27% restante fue contra personal de campaña, familiares de los aspirantes, dirigentes partidistas locales y estatales, promotores del voto y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

En cuanto a la estadística de género, de los 249 casos, 56 incidentes han sido contra mujeres, lo que corresponde al 22.5% de los casos, mientras los hombres significan 76.3%, es decir 190 incidentes, y tres contra personas sin género determinado, 1.2 por ciento.

La mujer con mayor rango de aspiraciones que ha sido amenazada es Lucy Meza, candidata de la coalición opositora, luego de abandonar las filas de Morena.

La senadora con licencia ha sido amenazada vía telefónica y a través de mantas que aparecieron en la entidad, junto con otros dos de sus colaboradores.

La mayoría de los asesinatos de mujeres en campaña ha ocurrido a nivel municipal y, en algunas ocasiones, contra candidatas a diputadas locales.

Basados en las estadísticas, resulta que en los dos procesos electorales concluidos y lo que va del 24, en seis entidades no se ha registrado ningún incidente relacionado directamente con aspirantes a cargos de elección popular.

Estas entidades son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán.

En tanto, el estado más peligroso durante las campañas podría ser Veracruz, pues contabilizó 29 incidentes en 2018, 2021 y lo que va de 2024, seguido de Oaxaca, con 23; Michoacán, con 22; Guerrero, con 20; Estado de México y Morelos, con 19; Puebla, con 18; Guanajuato, con 15; San Luis Potosí, con 14, y Jalisco y Chiapas, con 11.

Con menos de diez incidentes están Sinaloa, con ocho; Chihuahua, con siete; Quintana Roo y Querétaro, con cinco cada uno; Baja California y Tamaulipas, con cuatro cada entidad; Coahuila, con tres; Ciudad de México, Nayarit, Sonora y Zacatecas, con dos cada uno, y Colima, Durango, Hidalgo y Tabasco con uno.

Ataques subieron en tres años

Mientras que en 2018 el grupo de aspirantes mencionado en este trabajo sufrió 104 incidentes, en 2021 la cifra aumentó a 127, siendo Veracruz el estado en el que se disparó el aumento, seguido del crecimiento de estos casos en Guanajuato, Jalisco y Morelos.

En la elección presidencial de 2018, 16 entidades presentaron al menos un caso de violencia contra candidaturas, mientras que en 2021 el número de entidades con al menos un caso fue de 21.

Hace seis años, Veracruz tuvo cuatro casos de violencia en el mismo número de municipios: el Puerto, Pánuco, Hueyapan y Minatitlán, en los que acontecieron dos asesinatos, una amenaza y un secuestro.

Para 2021, estos cuatro casos se convirtieron en 24, con nueve asesinatos en los municipios de Astacinga, Cazones, Chalma, La Perla, Misantla, Mixtla, Pánuco, Puente Nacional, Río Blanco y Tihuatlán.

En Jalisco, el crecimiento fue de cero casos en 2018 a diez en 2021; en Guanajuato, de cuatro casos hace seis años, a 11 en 2021, y,en Morelos, de seis casos a diez en ese lapso.

CUANDO EL CRIMEN SE METE CON LA FAMILIA Y COLABORADORES

Una de las formas de presionar a los precandidatos y candidatos es atentar contra familiares y colaboradores cercanos, lo que en 2018 y 2021 involucró a 29 personas, de las cuales dos eran familiares en 2018, nueve eran familiares de candidatos en 2021 y 18 colaboradores en ambos años, algunos, incluso, coordinadores de campañas.

En 2018, en Veracruz asesinaron al esposo de una candidata de Nueva Alianza, y en Izúcar de Matamoros, Puebla, amenazaron a la esposa de un candidato del Partido Verde.

Tres años más tarde, en Chilón, Chiapas, asesinaron al hijo del precandidato de Morena, también al hijo de un candidato de MC en Teotihuacán, Estado de México, mientras que en San Antonio de la Cal, Oaxaca, mataron al padre del candidato panista, y en El Marqués, Querétaro, sufrieron un ataque armado el esposo y hermano, así como el coordinador de campaña, de la candidata priista a la alcaldía.

En otro ejemplo, en Mixtla, Veracruz, asesinaron al esposo de la candidata a la alcaldía por el PRI.En tanto, en Vetagrande, Zacatecas, mataron a dos familiares del priista candidato a síndico, en un mismo atentado.

Y si bien más de 40 mil capacitadores electorales del INE recorren el país en cada proceso electoral, sólo uno fue asesinado, en 2021, en Fresnillo, Zacatecas.

Estados con mayor asedio tienen menos desarrollo democrático

Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, estados que en 2018, 2021 y lo que va de 2024 tuvieron el mayor número de asesinatos, ataques, secuestros o amenazas contra personas relacionadas con las elecciones, también registran un menor avance democrático.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) 2023, Guerrero y Veracruz son entidades que se han mantenido en un nivel mínimo en este tema, mientras que Oaxaca, junto con Michoacán, alcanzaron a salir de la zona del indicador más baja, en la que estuvieron el año anterior.

En su más reciente informe, el IDD-Mex alerta que el clima político en todo el territorio mexicano empezó a tornarse más agresivo ante la cercanía de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

“La creciente división  entre  los  seguidores  del  Presidente  y  los  simpatizantes de fuerzas opositoras comenzó a hacerse cada vez más notoria en la arena pública, en las redes sociales y en los medios de comunicación, enrareciendo el clima de debate e intercambio de opiniones que debe servir para fortalecer la democracia y mejorar la agenda pública y las políticas de gobierno”, indica.

Pese a ello, celebra que “en  muchas  entidades  del  país,  el  registro  de  indicadores  económicos  y sociales que en promedio muestra una importante recuperación, también se refleja en las encuestas de opinión acerca del clima de derechos y libertades”.

El IDD-Mex —creado en 2010 y en el que participan el INE y organizaciones como la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung México—, realiza cada año una radiografía del estado de la democracia en las entidades mexicanas, tomando en cuenta indicadores como el condicionamiento de libertades y derechos por la inseguridad, la percepción de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la competitividad, entre otros.

Con información de Olimpia Ávila

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