El ejercicio de rendición de cuentas exige algo más que una lectura complaciente de indicadores macroeconómicos y cifras de inversión.
El mensaje leído ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno ofrece –en 3 mil 600 palabras– un inventario minucioso de obras, transferencias y metas alcanzadas, pero naufraga en lo fundamental: la capacidad de conectar con el dolor de una parte de la sociedad. Detrás del triunfalismo estadístico hay omisiones que revelan las prioridades de una narrativa empeñada en construir una realidad paralela.
Resulta incomprensible que en un mensaje de tal trascendencia no se haya dedicado una sola línea a la tragedia de los desaparecidos, el problema más grave que enfrenta este país y sobre el cual es imposible pasar de largo sin que se vea deliberado.
La proclama oficial que define a su gobierno como la encarnación del “amor convertido en política pública” se desmorona al constatar la ausencia de una sola palabra de solidaridad para reconfortar a las familias a las que la violencia ha arrebatado a un ser querido. No hubo en el mensaje un guiño de empatía para quienes pasan los días buscando a sus hijos en basureros, terrenos baldíos y montes, ni para quienes recorren incansablemente los anfiteatros con la esperanza de encontrar una pista sobre su paradero.
Hubiera sido muy sencillo incluir en el discurso una promesa directa: que la autoridad no dejará solas a las madres buscadoras, que se les atenderá y se les acompañará en su penoso caminar. Sin embargo, la administración optó por la indiferencia, haciendo como si estas mujeres y sus familias no existieran, como si no tuvieran lugar ni derechos en este país.
Del texto se desprende una concepción reduccionista de la ciudadanía. La única relación que el gobierno parece interesado en establecer con los gobernados es una guiada exclusivamente por el dinero, medida a través de la cantidad de recursos destinados a los programas sociales y el número de recipientes. Pero esta medalla tiene dos caras. Presumir que los apoyos gubernamentales deben llegar a 42.8 millones de personas —un tercio de la población total— no es motivo de orgullo. Es la confesión explícita de que la economía real no funciona y no genera oportunidades de autonomía; o bien, es el indicio de una estrategia calculada para aprisionar la voluntad de los ciudadanos y seguir condicionando su voto a favor de un partido.
A la par del desdén por las víctimas, sorprendió la ausencia total de una condena hacia quienes ejercen la violencia. No hubo reproche alguno para quienes matan, para quienes desplazan a comunidades enteras de sus hogares, para quienes desaparecen personas, extorsionan o cometen actos de terror. El silencio fue absoluto tras el reciente atentado con un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, que dejó 11 heridos y destruyó numerosas viviendas. Si el gobierno se resiste a catalogar semejante atrocidad como un acto narcoterrorista por razones de agenda política, al menos debió advertir con contundencia que sobre los responsables caerá todo el peso de la ley. Faltó un mensaje de respaldo a las víctimas y otro de sanción a los victimarios. No es congruente condenar la mala influencia de las pantallas en los niños, pero no preocuparse por el efecto que tienen en ellos las balaceras y los bombazos.
La autocrítica estuvo ausente durante toda la jornada. En su lugar, se prefirió repetir la cifra de una reducción de 51% en los homicidios dolosos, un dato que desde el propio gobierno se sabe muy bien que no refleja con precisión la realidad.
Nada de esto pareció importar en el recinto. Un público que interrumpe para aplaudir en 40 ocasiones a lo largo de 65 minutos de discurso no es precisamente un auditorio crítico de los pendientes del Estado. Es la escenografía de la complacencia, donde la ovación automatizada reemplaza el debate necesario y el aplauso fácil pretende ocultar las fallas evidentes de la gestión y los huecos en el discurso. El problema de gobernar a través de la propaganda es que las omisiones terminan pesando más que las palabras, y el olvido consciente de las víctimas borra cualquier esfuerzo por presumir un gobierno humanista.