La gran apuesta de la 4T es el sistema universal de salud, que arrancará para 2027. Sólo que, para lograrlo, la presente administración federal requiere que el IMSS-Bienestar cuente con un marco jurídico que le dé estabilidad institucional.
Fue creado tan rápido, en sustitución del Insabi y el extinto Seguro Popular, que ha operado en los últimos dos años y medio mediante decretos presidenciales y acuerdos entre la Federación y los estados. El no tener “reglas claras” ha generado que este instituto, que encabeza Alejandro Svarch Pérez, no tenga autonomía en la designación de sus recursos y en la operatividad de toda esta institución, que abarca a 24 estados del país, incluida la CDMX. A opinión de sus detractores, fue tan improvisada su creación, que nació sin un marco jurídico que defina con claridad su estructura, atribuciones, órgano de gobierno, mecanismos de sustentabilidad y operación.
Esta situación ha generado que gran parte de la estructura del IMSS-Bienestar se sostenga con decretos del Ejecutivo federal. De ahí que, entre las iniciativas que la presente administración federal enviará como prioritarias al Congreso, estará la de la Ley del IMSS-Bienestar, la cual definirá las reglas de operación, las facultades de la dependencia y la asignación de presupuestos. En esta iniciativa también se contemplan las condiciones para que las entidades puedan incorporarse al IMSS-Bienestar. Hay que recordar que, en diciembre de 2023, se aprobó en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado desaparecer el Insabi y dar vida al IMSS-Bienestar.
Con esta decisión, el gobierno federal, que en ese entonces era encabezado por Andrés Manuel López Obrador, les quitó a los estados del país el control de los recursos, del personal médico y de los hospitales. Sólo ocho estados son los que, hasta ahora, no se han adherido a este sistema federalizado de salud: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.
En estas ocho entidades, los servicios de salud, la contratación de personal y el abasto de medicamentos siguen bajo el control y la responsabilidad directa de los gobiernos estatales.
El IMSS-Bienestar pasó a controlar el pago de la nómina del personal de salud y el gasto operativo de los hospitales y centros de salud de las 24 entidades del país que suscribieron convenios de transferencia de recursos con este instituto.
La Federación también les quitó a los estados los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El gobierno federal optó por centralizar toda la atención de la salud en los estados, a través del IMSS-Bienestar, con el riesgo de que, si se equivocan, impactará a todo el sistema nacional de salud, pero principalmente a los pacientes, a los más pobres del país que no tienen seguridad social.
Bien por la reestructuración legal y administrativa de fondo que tendrá el IMSS-Bienestar, pues el éxito de este sistema dependerá, en gran medida, de la construcción del sistema universal de salud, que ése es otro asunto a revisar.
ABATELENGUAS
Si bien hay temas de salud en donde este sexenio ha avanzado (la construcción de más hospitales, como se observa en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum), también es cierto que todavía hay deudas por saldar, como la basificación de más de 20 mil trabajadores que tienen muchos años laborando en el sector salud y que, hasta la fecha, siguen sin plazas. Y a éstos hay que sumar el nuevo personal médico y de enfermería contratado temporalmente para los nuevos programas de salud, como es el de Salud Casa por Casa. Al final del sexenio se corre el riesgo de tener más trabajadores de salud sin derecho a antigüedad ni prestaciones.
BAJO EL MICROSCOPIO
Comenzó el tercer periodo ordinario de sesiones en el Congreso y se espera que se presenten varias iniciativas de salud, entre las que más destacan está la de muerte digna. Se habla de que esta propuesta trae el aval de la Secretaría de Salud; ya veremos si el ala conservadora de Morena, que es el grupo mayoritario en ambas cámaras, deja pasar esta iniciativa, que es empujada por muchas organizaciones civiles que desde hace años buscan que se regularice este tema.