Prejuicios llevan a mujeres a prisión; las criminalizan por aborto

CIUDAD DE MÉXICO.

En México, los prejuicios y estereotipos discriminatorios acerca de la interrupción del embarazo han criminalizado y llevado a la cárcel a cientos de mujeres.

A lo largo de 10 años se han registrado 531 juicios penales por el delito de aborto, que derivaron en 228 sentencias, 98 dictadas contra mujeres y el resto contra terceros que lo propiciaron.

En su informe Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México (2018), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) revela que en el periodo enero 2007-diciembre 2016, a 83 personas se les dictó prisión preventiva por el delito de aborto, 44 de ellas son mujeres.

La entidad en la que se registraron más mujeres en prisión preventiva por aborto (21) fue San Luis Potosí.

El reporte también indica que a 53 se les dictó prisión definitiva, 19 son mujeres. Con cinco casos, Baja California lidera la lista.

Especialistas consideraron que la criminalización de las mujeres que abortan se presenta por prejuicios, estereotipos discriminatorios, ausencia de capacitación del personal médico y la falta de armonización de las leyes en cuanto a las causales que despenalizan esta práctica.

“Las mujeres son denunciadas por el personal hospitalario (…) que actúa con base en prejuicios y estereotipos discriminatorios, sin que se garantice el principio de presunción de inocencia ni el debido proceso”, señaló el GIRE en su informe La Pieza Faltante. Justicia Reproductiva (2018).

La interrupción del embarazo por voluntad es ilegal en todo el país, excepto en la Ciudad de México (hasta las 12 semanas de gestación).

A nivel federal, las tres legislaciones que permiten la interrupción del embarazo por violación sin necesidad de denuncia son el Código Penal Federal, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 y la Ley General de Atención a Víctimas. Pero en la práctica, a las mujeres se les niega el servicio, se les pide la denuncia de por medio o son estigmatizadas.

En la CDMX la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es legal desde hace más de 10 años, pero las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la capital del país como la entidad donde más casos por aborto se investigan: 109 durante 2018.

“Si bien no vemos mujeres en prisión por aborto (en la CDMX), sí hay un gran número de denuncias, esto nos habla de la necesidad de trabajar en el estigma que hay, en los prejuicios por parte del personal de salud o por parte de las familias o la comunidad”, explicó Isabel Fulda Graue, coordinadora de Investigación del GIRE.

En cuatro años, se han denunciado dos mil 135 presuntos delitos de aborto en todo el país. El año 2015 cerró con 512 carpetas, para 2016 la cifra subió a 538; 2017 registró 515 y 2018, 570.

Después de la CDMX, las entidades con el mayor número de casos en 2018 son Estado de México, con 79; Baja California, 63; Tamaulipas, 46, y Nuevo León, 38.

En el caso de Baja California Sur, aunque la incidencia en 2018 es baja (sólo 16 casos); en los cuatro años, las denuncias por aborto subieron 433% (en 2015 sólo había tres registros).

Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), coincide: “en muchos centros, lo primero que se hace antes de atender a la mujer es dar aviso al ministerio público”.

La especialista señala que existe una fuerte presión institucional o social sobre los médicos para denunciar a las mujeres que llegan con un aborto en proceso. “Hay tendencias conservadoras”.

Isadora, de Yucatán, es una de las mujeres que el GIRE acompaña en su proceso de defensa por una acusación que el personal del Hospital Juárez, en Mérida, hizo en su contra al señalarla de haberse provocado un aborto.

La mujer de origen maya, es casada y tiene dos hijos. No sabía que estaba embarazada; un día sintió cólicos y tuvo sangrados, se tomó dos analgésicos pero las molestias no paraban y su esposo la llevó a revisión.

En el Artículo 334, del Código Penal Federal se establece que “no se aplicará sanción: cuando (...) la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte (…)”.

Sin embargo, tras escuchar que Isadora tomó dos pastillas y sin cuestionar qué tipo de medicamento era, la trabajadora social dio aviso a la fiscalía y se le acusó de haber ingerido misoprostol, medicamento usado para provocar el aborto.

La mujer fue perseguida por autoridades ministeriales que incluso intentaron extorsionarla. Su caso sigue abierto.

Conde Rodríguez asegura que en el país hay un no cumplimiento y una no garantía de los derechos de las mujeres, sobretodo, de las que son criminalizadas.

“Se están violando los derechos no sólo de las mujeres criminalizadas sino de todas a quienes no se les garantiza el acceso a una interrupción de embarazo legal por voluntad, violación o salud”.

La especialista señala que no se trata sólo de garantizar las causales de no punibilidad, “ese ya es un pendiente del Estado mexicano”, sino de armonizar sus leyes con los estándares más altos existentes en el país, y “ese estándar es la despenalización que ya existe en la CDMX”.

Conde Rodríguez explicó que desde el año pasado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) realizó tres claras recomendaciones a México: acelerar la armonización legislativa, garantizar la aplicación de la norma NOM-046, y no criminalizar a las mujeres.

Los reportes del GIRE indican que en diez estados aún solicitan una autorización para interrumpir el embarazo por la causal de violación y 11 piden una denuncia previa. En diez entidades, otro de los requisitos para poder acceder a esta práctica por violación es que sea dentro del primer trimestre de gestación.

“Una de las cosas más preocupantes que vemos desde GIRE (es) la gran brecha que hay entre lo que dice la legislación y lo que pasa en la realidad”, señaló Isabel Fulda.

Para la investigadora la apuesta política en México debería ser la despenalización.

“Es una gran deuda que el Estado tiene con las mujeres (….) que el Estado lo provea como un servicio público y gratuito, además de capacitar a su personal de salud”.

Además de la Ciudad de México, sólo 28 estados contemplan la causal de aborto imprudencial o culposo; 14 consideran que una mujer puede abortar cuando el embarazo pone en riesgo su salud y 14 lo permiten cuando se presenta una inseminación artifical no consentida. En todo el país, solamente Michoacán y Yucatán permiten el aborto por causas económicas.

Ampliar las causales para acceder al aborto en todo el país es necesario, pero es claramente insuficiente, agregó Fulda Graue.

De acuerdo con el último informe de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, de abril 2007 a octubre 2018, 202 mil 380 mujeres han sido atendidas en la Ciudad de México.

Las entidades de donde provinieron el mayor número de pacientes son Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. Estos servicios se han brindado incluso a 64 pacientes de otra nacionalidad.

El GIRE señala que debido a que los códigos penales de cada entidad establecen sus causas de no punibilidad, se crea una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres “tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia”.

Fulda Graue consideró que criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo “genera efectos permanentes en su vida como el hecho de que mediaticamente se conozca su nombre, que tenga antecedentes penales y esto le impida realizar algún trámite o trabajo, ademas de que sufren un proceso de irregularidades por parte de los juzgadores”.