Los hechos se miden en camas de hospital, kilómetros de acueducto, quirófanos funcionando y llaves de vivienda entregadas. La política pública, cuando transforma, deja de ser discurso para convertirse en infraestructura, servicios y derechos. La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Tamaulipas terminó este domingo con dos inauguraciones que valen más que mil declaraciones sobre el derecho de las audiencias: el Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.
El primero, con una inversión de 2 mil 300 mdp, eleva su capacidad a 250 camas y suma especialidades que antes simplemente no existían. El segundo, con una inversión superior a mil millones, abre 179 camas, cinco quirófanos y equipo de alta tecnología para atender a más de medio millón de personas sin seguridad social. Son obras concretas de un sistema que busca consolidar la salud como un derecho y no como privilegio, aunque buena parte de los columnistas de derecha y de la prensa opositora prefiera mirar hacia otro lado.
Junto a los hospitales, la supervisión del acueducto Victoria II y la entrega de viviendas completan un mensaje claro: el Estado ejerce su capacidad para construir, invertir y garantizar derechos para todos. El contraste con el pasado reciente de Tamaulipas es inevitable y doloroso. Durante demasiado tiempo, condición muy recordada entre los tamaulipecos, fue territorio donde el Cártel del Golfo y su antiguo brazo armado, Los Zetas —posteriormente fragmentado en distintas organizaciones criminales— impusieron una lógica de violencia, extorsión y control territorial. No es una narrativa abstracta. La historia política reciente del estado quedó marcada por investigaciones y procesos judiciales contra quienes ocuparon el máximo poder local.
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores enfrentan aún investigaciones y procesos relacionados con delitos como lavado de dinero, corrupción y vínculos con organizaciones criminales. Son capítulos de una época en la que las fronteras entre poder político, dinero ilícito y delincuencia se convirtieron en la constante en ese territorio. Francisco García Cabeza de Vaca el más señalado de todos, enfrenta acusaciones, investigaciones y procedimientos judiciales por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su administración ha sido colocada en el debate político alrededor del crecimiento del contrabando de hidrocarburos considerándolo el padre del huachicol. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales. Pero políticamente permanece una pregunta: ¿cómo pudo una población soportar a estos gobiernos en una entidad estratégica, fronteriza, petrolera y comercial durante tantos años semejante deterioro institucional? Episodios como el de Genaro García Luna representan lo que el poder no debe volver a ser: complicidad, cinismo y degradación de la función pública. El servicio público existe para proteger a la sociedad, no para servirse de ella.
Desde Ciudad Madero, Sheinbaum lo formuló sin adornos: no hay libertad, bienestar ni derechos sin soberanía. La frase no es ornamental. La soberanía no se ejerce únicamente frente a otro país. Se construye todos los días cuando una nación posee instituciones capaces de garantizar salud, agua, vivienda, seguridad, educación y justicia. Un Estado que construye hospitales es soberano. Un Estado que lleva agua a sus ciudades es soberano. Un Estado que construye vivienda y recupera su capacidad de inversión es soberano. Y uno que combate la corrupción y la impunidad fortalece su autoridad frente a cualquier poder.
Mientras una pequeña parte de la conversación pública se consume entre visas, declaraciones, filtraciones y estridencias mediáticas, en Tamaulipas se abren quirófanos, se instalan camas, se construye infraestructura hidráulica y las familias reciben viviendas. Lo que importa, al final, es que el pueblo de Tampico o Ciudad Madero pueda entrar a un hospital público y recibir atención sin que una enfermedad se convierta en una condena económica para su familia.
La política se mide en legados tangibles y en la permanencia de la aceptación popular, aunque la propaganda mediática se dedique a denostar las acciones en favor de la gente. Hospitales, agua, vivienda, derechos y soberanía. Eso es lo que importa en México.