Abogados señalan posibles delitos y retrasos graves en la Notaría Pública 1 de Torreón

Abogados reconocidos en Coahuila exponen una serie de irregularidades en la operación de la Notaría Pública Número 1 de Torreón, encabezada por el notario Efrén Cázares, en las que se configuran posibles delitos de abuso de confianza y fraude en un estado que ya acumula un historial documentado de anomalías notariales.

Refieren en un documento que la función notarial existe para una sola cosa: dar certeza jurídica a los actos que afectan el patrimonio de ciudadanos, empresas e instituciones financieras.

“Cuando los trámites no se concluyen y los recursos entregados para cubrir obligaciones fiscales desaparecen sin que nadie rinda cuentas, esa certeza se evapora. En Coahuila, esa trampa tiene nombre y dirección”.

Los señalamientos son públicos y documentados: retrasos de más de un año en la inscripción de garantías hipotecarias; recursos recibidos para cubrir derechos ante el Registro Público de la Propiedad y obligaciones fiscales que nunca se aplicaron a su destino; y una patente notarial de naturaleza hereditaria que no ha sido asumida con responsabilidad real por quien debería ejercerla.

“El resultado es una notaría sin un titular que responda efectivamente ante los compromisos adquiridos con bancos e instituciones financieras”.

Para los abogados que siguen el caso, la línea entre el incumplimiento administrativo y el delito ya fue cruzada. La conducta del fedatario encuadra en dos figuras del Código Penal Federal: el abuso de confianza y el fraude por incumplimiento doloso con perjuicio patrimonial.

Cabe recordar que la Ley del Notariado de Coahuila es igualmente categórica: el notario está obligado a ejercer sus funciones cuando sea requerido, responde por los daños causados por omisión y su responsabilidad penal corre de forma independiente a las sanciones administrativas, entre las que se contempla el retiro definitivo de la patente.

El daño es concreto: conforme al artículo 3007 del Código Civil Federal, una hipoteca no inscrita no produce efectos frente a terceros. Las instituciones que creyeron tener garantía real sobre sus créditos operan hoy sin ella.

Las consecuencias se extienden al mercado. Fuentes del sector advierten que este tipo de incidentes ya figura en los análisis internos de riesgo operativo de algunas instituciones financieras, una señal de alerta que ninguna ciudad con aspiraciones de consolidar su mercado crediticio puede permitirse ignorar.

Los litigantes señalan que la Dirección de Notarías del Estado tiene las herramientas para actuar: procedimiento disciplinario, suspensión cautelar y retiro del fiat.

“Lo que no puede seguir teniendo es pretextos para no usarlas. La certeza jurídica no depende de firmar un documento, depende de que alguien responda por lo que firmó y por el dinero que recibió para hacerlo válido”, sostienen.