Como lo advertí aquí la semana pasada, el avance del llamado Plan B no significa simplemente una reforma administrativa o un ajuste presupuestario de ocasión; representa una embestida frontal y un riesgo sistémico para el federalismo mexicano.
Bajo el manto de una supuesta austeridad republicana, lo que está cocinándose en el Congreso de la Unión, por directriz del Ejecutivo federal, es el desmantelamiento de la autonomía de los estados y municipios. Resulta paradójico que los abanderados del actual oficialismo, quienes suelen llenar sus discursos de vituperios contra las figuras conservadoras del pasado, parezcan hoy los alumnos más aventajados de Lucas Alamán. El ideólogo centralista del siglo XIX, a quien dicen despreciar por su visión aristocrática y restrictiva, vería con una sonrisa de satisfacción cómo sus preceptos de control absoluto desde el centro se aplican hoy al pie de la letra bajo un barniz de transformación progresista.
Imponer desde la Ciudad de México límites estrictos sobre cuánto puede gastar un Congreso local en su funcionamiento interno o determinar, mediante decreto central, el número de regidores que debe tener un ayuntamiento, no es una medida de eficiencia: es un abuso de poder. Es la negación misma de la soberanía estatal.
Cada entidad federativa tiene realidades sociales, demográficas y políticas que no pueden ser homologadas por un burócrata en la capital. Al dictar estas reglas, el Centro no busca ahorrarle dinero al pueblo; lo que busca es someter aún más a las entidades federativas a sus designios, asfixiándolas políticamente y dejándolas sin margen de maniobra institucional. Es el regreso al país de una sola voluntad, donde la pluralidad regional es vista como un obstáculo y no como una fortaleza.
Lo más alarmante de esta regresión autoritaria no es sólo la audacia de quien la promueve desde Palacio Nacional ni que haya elegido al Senado, supuesto representante del pacto federal, como Cámara de origen. Lo peor es el silencio sepulcral que emana de las capitales estatales. ¿Por qué no se escucha la voz de los gobernadores? Ante esta imposición en ciernes, no parece haber un solo mandatario estatal —de cualquier signo político— con la estatura o la voluntad política necesarias para hacerle frente.
¿Acaso ya no hay quien defienda al federalismo en este país? ¿Dónde están los herederos de la tradición liberal que entendía que México sólo puede ser fuerte si sus partes son libres y autónomas? Pareciera que el miedo a la represalia presupuestaria o el cálculo político de corto plazo han amordazado a quienes están obligados a proteger el pacto federal. Su sumisión es casi total, y con ello, la indefensión de las instituciones locales es absoluta. Algunos incluso permiten de forma abyecta que durante las giras presidenciales una bola de acarreados los traten como a un payaso de jaripeo. ¿Acaso no tienen dignidad?
La historia de México en el siglo XIX nos dejó lecciones amargas sobre lo pernicioso que puede ser el centralismo. Vimos cómo la concentración excesiva de poder en una sola persona y en una sola geografía condujo a la inestabilidad crónica, a la pérdida de territorio y a la parálisis económica.
El federalismo no fue una ocurrencia de los constituyentes de 1824 o de 1857; fue la respuesta necesaria a la diversidad de una nación que no cabe en un molde único. Es un pacto que tiene razones históricas profundas de ser, diseñado para evitar que la tiranía de una mayoría momentánea o de un líder carismático que borre de un plumazo las libertades locales.
¿Vamos a permitir que se siga cincelando y erosionando este acuerdo fundamental? Si aceptamos pasivamente que el Congreso de la Unión dicte la vida interna de los estados, estaremos firmando el acta de defunción de nuestra República federal. Es momento de recordar que el poder descentralizado es la mejor salvaguarda contra el autoritarismo. Defender el federalismo hoy es salvar la democracia mañana.