Perros sueltos en México: riesgos de una práctica normalizada y la responsabilidad ausente

En México, la convivencia entre humanos y animales domésticos atraviesa un momento de tensión creciente. En ciudades grandes, zonas periurbanas y comunidades rurales se multiplican los incidentes en los que perros dejados sueltos por sus cuidadores atacan a transeúntes, ciclistas, estudiantes o vecinos, provocando heridas, crisis nerviosas, accidentes viales y conflictos comunitarios. Aunque muchas veces se atribuyen estos hechos a “perros callejeros”, especialistas coinciden en que la mayoría de los ataques provienen de animales domésticos en semilibertad, es decir, con dueño, pero sin supervisión.

Esta práctica, profundamente arraigada en distintas regiones del país, revela un problema estructural: tenencia irresponsable, falta de educación en bienestar animal, reglamentos municipales desactualizados y una aplicación desigual de la ley.

En medio de ese vacío, los riesgos aumentan tanto para las personas como para los propios animales, que en ocasiones también sufren las consecuencias, pues algunos terminan siendo sacrificados o violentamente muertos.

A nivel nacional, la frontera entre perro de casa y perro de la calle es difusa. Es común que los animales salgan solos a “dar la vuelta”, regresen a casa para comer o duerman dentro del domicilio, pero pasen horas sin supervisión en la vía pública. Esta semilibertad genera ataques a personas —especialmente niñas, niños y adultos mayores—, accidentes viales, conflictos vecinales, riesgos sanitarios y reacciones agresivas por territorialidad o miedo.

Algunas organizaciones de protección animal señalan que esta normalización de la calle como extensión del hogar es uno de los principales factores detrás de los ataques, lo cual termina siendo crueldad animal y se contrapone a las disposiciones legales vigentes en el país.

Tras un ataque o incidente, en diversas regiones algunas personas optan por matar al perro involucrado, creyendo que así “se resuelve” el problema. Esta reacción, además de ser ilegal en la mayoría de los estados, revela un profundo desconocimiento sobre el comportamiento animal y sobre las verdaderas causas de la agresión.

Vulnerabilidad en la protección

En días recientes, un incidente en el sureste del país provocó nuevamente un debate en torno a este tema: dos perros de la raza pitbull escaparon de su casa y entraron a una escuela secundaria.

José Luis Ronzón, médico veterinario y exfuncionario de salud animal, admite que, a pesar de los avances en materia de leyes de protección animal, hay omisiones. Señala que el cuidado y la protección animal siguen siendo temas urgentes en el país, no solo por la dimensión ética que implican, sino porque la falta de responsabilidad humana termina generando riesgos para las comunidades.

En algunos puntos del país, explicó, pese a que existen disposiciones claras —como el uso de correa, placa de identificación y supervisión permanente— la práctica cotidiana demuestra que estas normas se ignoran sistemáticamente. La semilibertad de los perros, normalizada por años, se ha convertido en un factor recurrente en incidentes que pudieron prevenirse con medidas mínimas de tenencia responsable.

A pesar de que las leyes y reglamentos municipales han avanzado en papel, su aplicación real es prácticamente inexistente. La falta de coordinación entre fiscalías, ayuntamientos y cuerpos de seguridad provoca que los casos se diluyan, que no haya líneas de investigación claras y que los animales involucrados terminen catalogados como “agresores”, con el riesgo de ser sacrificados sin que se determine la responsabilidad humana. El resultado es un sistema que no protege ni a las personas ni a los animales, y que perpetúa la impunidad de los poseedores irresponsables.

“¿De qué sirven las leyes si no se quieren aplicar? La gente no cumple la normativa y las autoridades no investigan; así, los animales terminan pagando por la irresponsabilidad humana”, explicó en tono preocupado.

Voces animalistas

Los integrantes de Rebeldes con patas, organización animalista, lamentan que a la fecha la constante sea el descuido animal.

“Los perros no comprenden la lógica humana del castigo. Su conducta responde a estímulos como miedo, territorialidad, dolor, estrés, falta de socialización o ausencia de supervisión. Cuando un perro ataca, casi nunca lo hace por maldad, sino por instinto y contexto, factores que dependen directamente del cuidador”, explicó Marcela Obregón, integrante de la organización.

Indicó que matar a un animal que cometió una agresión no solo constituye un maltrato, sino que no soluciona el problema de fondo, porque no corrige la falta de supervisión del cuidador ni modifica las condiciones que permitieron el ataque, y tampoco previene futuros incidentes con otros animales sueltos.

“El que un perro ataque y se responda con una agresión o la muerte también genera un clima de violencia comunitaria, confrontaciones y puede derivar en denuncias”, agregó la activista.

Otras organizaciones de bienestar animal insisten en que la solución está en la prevención, la educación y la responsabilidad humana, no en castigar al animal por una conducta que no comprende en términos morales.

Sin uniformidad

México cuenta con leyes estatales de protección animal en las 32 entidades. Aunque varían en alcance, comparten principios básicos: prohibición del maltrato y la negligencia, obligación de brindar cuidados esenciales de alimento, agua y atención veterinaria, así como responsabilidad del cuidador por daños causados por su animal. Existen sanciones administrativas y, en algunos estados, penales. No obstante, la efectividad depende de los reglamentos municipales, y ahí se abre un mosaico desigual.

Lourdes Jiménez Mora, quien en Veracruz fue una de las principales promotoras de la Ley de Protección Animal, recordó que está claro en la normativa que los animales no pueden salir sin estar sujetos con su correa.

“Ves a un animal en la calle y no sabes si se extravió o lo dejaron salir. Entonces no hay manera de atender a la población en situación de calle, porque nunca sabes cuál es la población que realmente lo está o cuáles son los que irresponsablemente los dueños dejan salir”, dijo.

Hay ciudades que tienen reglamentos robustos, pero sin personal para aplicarlos; otras carecen de reglamentos actualizados o de protocolos de actuación. Faltan jueces cívicos y capacitación en bienestar animal, así como centros de control con enfoque humanitario.

El resultado es que la responsabilidad legal existe, pero rara vez se ejecuta.