Claman auxilio ante ola de extorsiones en el sureste de Zacatecas
Ante la posibilidad de que comunidades enteras se conviertan en "pueblos fantasmas" debido al desplazamiento de familias y al cierre de negocios, la ciudadanía exige una respuesta contundente de las autoridades municipales y estatales.

Habitantes del sureste de Zacatecas exhortaron al gobernador, David Monreal Ávila, a intervenir urgentemente ante la crisis de inseguridad que señalan, afecta gravemente a los municipios de Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Pinos y Villa González Ortega. La población denuncia una situación alarmante caracterizada por extorsiones, el cobro de piso y amenazas constantes que aseguran, están asfixiando la economía local y obligando al cierre de numerosos negocios.
La problemática, que ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre, mencionaron, afecta directamente a comerciantes, ganaderos, productores agrícolas y transportistas de la región. Según reportes ciudadanos, los grupos criminales estarían imponiendo cuotas mensuales que alcanzan hasta los 14 mil pesos, además de instalar retenes ilegales en caminos y carreteras, lo que impide que las familias trabajen con tranquilidad.
Este panorama de inseguridad se suma a las estadísticas estatales: de acuerdo con el Monitor de Seguridad de Coparmex, Zacatecas se posicionó en el primer trimestre de 2026 como la segunda entidad con mayor tasa de extorsión a nivel nacional, con 6.7 víctimas por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el problema es aún mayor debido a la cifra negra; según la ENVIPE, el 97.7% de estos delitos no se denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades.
Ante la posibilidad de que comunidades enteras se conviertan en "pueblos fantasmas" debido al desplazamiento de familias y al cierre de negocios, la ciudadanía exige una respuesta contundente de las autoridades municipales y estatales. El llamado principal es a reforzar los operativos con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de garantizar condiciones seguras para que los ciudadanos puedan ejercer sus actividades económicas sin ser blanco de la delincuencia.